MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha denegado el indulto a Cesáreo Gómez Vázquez, que cumple una condena de 12 años por un asesinato en grado de frustración, a pesar de que un dictamen de la ONU de julio de 2000 indicó que la falta de una revisión íntegra de su condena a través de una segunda instancia penal violaba el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Según informaron fuentes jurídicas a Europa Press, este dictamen obligó a España a hacer una nueva ley para respetar la doble instancia en los procedimientos penales en nuestro país. El preso interpuso una reclamación ante la ONU referida al derecho a recurrir de manera efectiva contra el fallo condenatorio y la pena impuesta, al afirmar que su caso lo juzgó la Audiencia Provincial de Toledo y que la decisión sólo pudo ser recurrida en casación.
En este sentido, señalaba que las sentencias de órganos inferiores sólo pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo por razones jurídicas muy limitadas, ya que no existe la posibilidad de que se evalúen de nuevo las pruebas. El dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas indicó que al acusado "le fue denegado el derecho a la revisión del fallo condenatorio y de la pena", lo que suponía una "violación" del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.
Asimismo, la ONU afirmó que al margen del nombre que se le dé al recurso en cuestión, "éste ha de cumplir con los elementos que exige el Pacto" y, más adelante, el Comité concluía que la "inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor fueran revisadas íntegramente" no cumple "con las garantías" que exige el citado Pacto.
CONDENA "DESESTIMADA"
Por ello, el dictamen estableció que el acusado tenía derecho a un "recurso efectivo" y a que su condena fuese "desestimada" salvo que fuera revisada de acuerdo con los requisitos exigidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. "El Estado Parte tiene la obligación de tomar las disposiciones necesarias para que en lo sucesivo no ocurran violaciones parecidas", concluía el dictamen, que daba a España 90 días para que informara sobre las medidas adoptadas para aplicar el dictamen del Comité.
A raíz de este caso, entre otros, se produjo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modificó las competencias de las Salas de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia e instauró una Sala de Apelación en la Audiencia Nacional, con el fin de garantizar la doble instancia penal.
El abogado del acusado, José Luis Mazón, solicitó el indulto para su cliente en junio del año pasado al considerar que su concesión sería "el medio de cumplir el dictamen" del Comité de la ONU que, hasta ese momento, era "inefectivo o papel mojado". De esta forma, pedía el indulto que se pusiera fin así "a la situación de falta de respeto a la falta de legalidad internacional" en que se encuentra el caso.
CARTA ESPERANZADORA
La solicitud incluía fragmentos de una "carta esperanzadora" del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, escrita en diciembre de 2003, cuando era secretario de Libertades Públicas del PSOE, y en la que contestaba a otro preso (Joseph Semey) que obtuvo también un dictamen favorable de la ONU por doble instancia contra España.
En aquella misiva, López Aguilar afirmó que el PSOE había hecho todo lo posible por "exigir al Gobierno (entonces del PP) la ejecución de los dictámenes a que está obligado" por el Comité. "Cuando estemos en el Gobierno de la Nación, legislaremos con el objetivo de garantizar la revisión de las condenas y el derecho a un recurso efectivo, adecuando así la legalidad española al derecho internacional vigente", señalaba el ahora ministro.
Sin embargo, el Consejo de Ministros estudió la petición de indulto remitida por el Ministerio de Justicia y no consideró "oportuna" su concesión. El abogado José Luis Mazón ha anunciado que por este motivo emprenderá acciones legales contra López Aguilar, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el PSOE.
