MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, que repite como titular de este departamento, deberá afrontar durante los próximos cuatro años la reforma de la ley del Gobierno Local, que no pudo salir adelante la pasada legislatura debido a la falta de acuerdo entre los partidos y que la Federación Española de Municipios y Provincias reclama desde hace años.
La modernización del gobierno local fue uno de los objetivos que se puso el Ministerio de Administraciones Públicas hace cuatro años; sobre ella, se llegó a elaborar un Libro Blanco y un anteproyecto de ley, pero no llegó al Congreso por falta de acuerdo con el PP. Sí salieron adelante otras iniciativas, como el Estatuto del empleado público, la Ley de Agencias, el Plan Avanza o la implantación del servicio 060 de información a los ciudadanos.
En su discurso de investidura ante las Cortes, José Luis Rodríguez Zapatero se refirió precisamente a este asunto pendiente. El entonces candidato socialista aseguró que su Gobierno emprenderá una reforma de la financiación local, vinculada a la nueva financiación autonómica que quiere abordar, y también una "reforma general del marco normativo local".
DESARROLLO DEL ESTATUT.
La ministra Elena Salgado encabezó la lista socialista por Cantabria en las últimas elecciones generales ya como ministra de Administraciones Públicas, cartera a la que accedió en julio del pasado año en sustitución de Jordi Sevilla, quien ahora es diputado en el Congreso después de rechazar públicamente la secretaría general de los socialistas valencianos.
Durante los ocho meses en los que ha estado al frente de Administraciones Públicas, Salgado se ha dedicado fundamentalmente al desarrollo de los estatutos, especialmente el catalán, cuyo despliegue está siendo tachado de lento por la parte autonómica de la negociación.
Las comisiones bilaterales entre el Estado y la Generalitat están ya en funcionamiento y se ha acordado el traspaso de las primeras competencias, aunque otras importantes, como el servicio de Cercanías, están en estudio. De la misma forma está pendiente un asunto fundamental para la representación catalana y que, de acuerdo con la letra del Estatut, debe estar listo para el próximo verano: la nueva financiación.
