MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado la entrega en extradición a Colombia del exmilitar de dicho país Óscar Alberto Acuña Arroyo, condenado por dos delitos de homicidio, y del ciudadano colombiano Miguel Mauricio García Rubio, por el presunto secuestro y homicidio de una abogada con la que mantenía una relación sentimental.
La entrega de Acuña se produce para el cumplimiento de una condena de 28 años de prisión por dos delitos de homicidio agravado, tras haber sido declarada procedente la extradición por parte de la Audiencia Nacional. Acuña, que se encuentra actualmente en prisión provisional desde su detención en Madrid el pasado día 5 de febrero, fue juzgado por los hechos sucedidos durante marzo del año 2006 cuando actuaba en calidad de comandante del grupo militar colombiano 'Gaula'.
El militar presentó a sus superiores un informe que justificaba la muerte de dos civiles en la localidad colombiana de Montería como consecuencia de un enfrentamiento armado. No obstante, según los hechos juzgados y el relato de la Fiscalía colombiana, ese combate no se produjo y las dos víctimas fueron reclutadas mediante engaños y promesas de ofertas laborales en Caucasia (Antioquia). Desde allí, ambos fueron conducidos hasta Montería con la promesa de trabajar en fincas de la zona, pero tras su llegada se les trasladó en una camioneta del grupo militar 'Gaula' y fueron asesinados en el trayecto.
Acuña fue condenado en junio de 2009 por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería, pero el Tribunal Superior de dicho distrito aceptó un recurso por el que se le absolvía. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia volvió a hacer firme esta condena de 28 años de prisión, por la que las autoridades de dicho país habían solicitado la extradición.
PARA APROPIARSE DE 300.000€
Por otro lado, García, apodado el Vasco --al que se le considera líder de una banda denominada Los Españoles--, se encuentra actualmente en prisión provisional en España. Es sospechoso del secuestro y asesinato de una abogada de la que era compañero sentimental, con el fin de apropiarse de 300.000 euros que esta administraba.
Los hechos se remontan a finales de mayo de 2015 cuando a la víctima, que había trabajado como asesora del Consulado de Colombia en Barcelona y ocupado el puesto de directora jurídica en la Cámara de Comercio Colombo-Catalana, se la vio con vida por última vez en Bogotá. Posteriormente, se encontró su cadáver enterrado en el campo y las investigaciones determinaron la presunta participación de García en su desaparición y muerte.
