Gobierno murciano dice que al afectar la investigación de Librilla a un sólo funcionario, no hay ninguna "trama"

MURCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, afirmó hoy que puesto que la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, en relación a la presunta trama de corrupción urbanística en Librilla, "afecta a un sólo funcionario de la Administración regional, no hay ninguna trama en la Comunidad". Reverte se refirió a José Luis Cano, responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, y detenido en la operación 'Biblioteca'.

Reverte, quien hizo estas declaraciones en rueda de prensa tras informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, defendió la "honradez y eficacia de los más de 45.000 empleados públicos de la Administración Regional" en su figura de "máxima responsable de función pública".

Y es que, recalcó, "la labor de servicio público que, día a día, desarrollan en beneficios de todos no puede ser puesta en cuestión por un caso concreto, no puede elevarse a categoría".

En este sentido, dejó claro que no permitirá que "se lesione la imagen de los trabajadores públicos", puesto que, afirmó, "somos los primeros interesados en destapar cualquier conducta irregular en la Administración, en colaboración con la justicia y en beneficio del resto de funcionarios".

Por ello, Reverte mostró su defensa "al máximo" a las actuaciones judiciales, así como su "total colaboración con la justicia, la transparencia en la gestión administrativa", y pidió "respeto" a estas actuaciones al objeto de que "puedan cumplir sus objetivos con todas las garantías".

Igualmente, la portavoz del Ejecutivo murciano declaró que "la solicitud de documentación ha sido atendida con la máxima transparencia, en estrecha cooperación con la investigación judicial".

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL AL JUZGADO.

En este punto, puso de manifiesto que la Administración regional "ha remitido documentación adicional al Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia de forma proactiva, sin necesidad de requerimiento judicial alguno, por si pudiera ser de interés en la investigación".

Entre esa documentación adicional y "voluntaria", anunció que ayer se emitió a dicho juzgado "el procedimiento administrativo que se inició al conocer, a través de los medios de comunicación, una denuncia formulada por el PSRM".

Y es que, la Consejería de Presidencia abrió, en abril de 2007, una investigación administrativa al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, José Luis Cano. En aquel momento, el por entonces consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, explicó que "por parte de la Dirección General de Administración Local, desde el momento que aparecieron las primeras noticias, con la diligencia debida y con las cautelas necesarias, se produjeron las conversaciones con él, y después se decretó una información reservada". Finalmente, no se detectaron irregularidades administrativas en su actividad.

Reverte explicó que la Administración regional "inició un procedimiento administrativo, de carácter reservado, para detectar si se había desarrollado alguna presunta irregularidad administrativa", acordándose la iniciación de ese procedimiento. "El propio funcionario se le prestó declaración, que ya consta oficialmente en el juzgado", apostilló.

Respecto a la figura de Cano, precisó que "es funcionario de la Comunidad Autónoma, pero está en situación en excedencia voluntaria por interés particular desde el pasado 1 de junio de 2007", por lo que, insistió, "actualmente no trabaja para la Administración regional y no ha sido nunca un alto cargo del Gobierno regional".

Asimismo, la portavoz del Gobierno regional señaló que la Administración Pública Regional "no puede tomar ninguna iniciativa en relación con ese funcionario público desde el momento en que hay unas diligencias judiciales abiertas en un juzgado".

Sobre ello, puntualizó que "las capacidades que tienen las Administraciones Públicas son expedientes sancionadores internos de la propia Administración"; incluso se tiene que dar cuenta "inmediata" del mismo al Ministerio Fiscal "si presuntamente ve algún indicio de alguna irregularidad administrativa". "Desde ese momento, argumentó, todas las actuaciones quedan en suspenso hasta que el órgano jurisdiccional resuelve".

A lo que añadió que "en el caso de que en éste o en cualquier otro caso hubiera una sentencia judicial condenatoria, esa propia sentencia judicial determinaría, en el fallo, la repercusión, suspensión". Es decir, "es la sentencia jurídica la que determinaría las actuaciones que el Gobierno regional debería adoptar en relación con el funcionario", insistió.

Preguntado de si el alcalde de Librilla, José Martínez, será apartado del PP, Reverte comentó que se trata de una cuestión que tendrán que "decidir" los órganos internos del partido.

Tras ello, enfatizó que "como ya han subrayado los responsables del PP, lo importante es que los órganos judiciales actúen con rapidez para conocer, cuanto antes, el alcance de los hechos que están siendo objeto de investigación".