MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Administraciones Públicas, Elena salgado, reveló hoy en el Pleno del Congreso que no piensa aprobar el reglamento que permitirá hacer públicos los bienes de ministros y altos cargos al menos hasta que se proceda a suprimir el impuesto de Patrimonio, actualmente en tramitación parlamentaria.
La Ley de Conflictos de Intereses de Altos Cargos de 2006, que reformó la normativa sobre incompatibilidades, estableció que los miembros del Gobierno deberán hacer pública la relación de sus bienes en el Boletín Oficial del Estado pero esa novedad, surgida del programa electoral socialista de 2004, no se ha llegado a cumplir porque estaba supeditada a un reglamento que el Ministerio no ha llegado a alumbrar pese a que tenía un plazo de cuatro meses que acabó hace dos años.
En respuesta a una interpelación del grupo de ERC-IU-ICV, Elena Salgado, indicó que la posible publicación de los bienes de los altos cargos está en relación con sus declaraciones de Patrimonio y, como este impuesto está condenado a la supresión, el reglamento no se desarrollará hasta que el proyecto de ley que regula la supresión de dicha tasa culmine su tramitación en las Cortes.
"A partir de ahí podremos desarrollar la ley", comentó la ministra, sin avanzar cómo se podrán hacer públicos los bienes de los altos cargos si no existen las declaraciones de Patrimonio.
EL REGLAMENTO NO ES PRIORITARIO
En cualquier caso, Salgado indicó que el desarrollo reglamentario de la ley no impide la aplicación efectiva de la misma pues sólo completa aspectos "de índole no sustantiva". "Dado que la aparición de esta norma no es relevante en lo que respecta al control de la actuación de los altos cargos, la publicación de este reglamento no ha sido un objetivo prioritario", admitió.
Asimismo, hizo hincapié en que España tiene una de las legislaciones más avanzadas en materia de incompatibilidades y señaló que la Ley de Conflictos de Intereses de 2006 "cumple satisfactoriamente su objetivo" y rechazó la introducción de más restricciones.
"La actual ley y sus preceptos están plenamente vigentes y son eficaces para prevenir conflictos de intereses de los altos cargos --argumentó--. La introducción de más restricciones constituiría un aumento excesivo de limitaciones que no aumentarían la transparencia y objetividad de la actuación del alto cargo; sólo contribuiría a poner bajo tela de sospecha la actuación de estos servidores públicos".
Las explicaciones de la ministra no convencieron al diputado interpelante, Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya (ICV). "Su respuesta no es tolerable --replicó--. Hay que dar mensajes para prestigiar la política y eso se hace con transparencia. No hay mayor desprestigio que un Gobierno que incumple la ley".
LA PRÓXIMA SEMANA, VOTACIONES
Este asunto volverá a discutirse próximamente en el Congreso, primeramente porque ICV someterá a votación la próxima semana una moción exigiendo al Gobierno el cumplimiento de la ley. También el PP tiene registrada una proposición no de ley en la que da cuatro meses al Ejecutivo para aprobar ese reglamento.
En el curso del debate también se habló de la publicación de las declaraciones de bienes y actividades de los concejales impuesta por la última reforma de la Ley del Suelo como mecanismo para luchar contra la corrupción urbanística.
La ministra pidió a ICV que no introduzca "incertidumbres" en la ciudadanía sobre la actuación de los servidores públicos y terminó preguntando a Herrera "en cuántas corporaciones gobernadas por su formación" se han adoptado las medidas oportunas para impulsar la publicación de los bienes de los ediles.