MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Mariano Rajoy dio instrucciones para mantener un perfil bajo cuando se produjeron los primeros escraches a cargos del Partido Popular, una estrategia que cambió cuando se intensificaron esos actos, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.
Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o 'Stop Desahucios' empezaron a practicar los primeros escraches a mediados de marzo, con el fin de influir en el sentido del voto de los parlamentarios en línea con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago promovida por esas plataformas y avalada por 1,4 millones de firmas.
Uno de los primeros se produjo el 21 de marzo ante las puertas del domicilio en Valencia del vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, que estaba ese día en Madrid y denunció estos hechos en la comisaría del Congreso de los Diputados. Poco después ocurría lo mismo con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y los diputados Antonio Gallego y Concepción Veray.
Aunque el Gobierno condenó públicamente esos actos y el propio Mariano Rajoy habló de comportamiento "profundamente antidemocrático", la instrucción del Ejecutivo a los suyos fue mantener un perfil bajo y no echar leña al fuego, según las fuentes consultadas.
ALGUNOS QUERÍAN LÍNEA MÁS DURA DESDE EL PRINCIPIO
En las filas del Gobierno y del PP se acató esa decisión aunque no era compartida de manera unánime, ya que algunos cargos 'populares' eran partidarios entonces de mantener una línea más dura y denunciar públicamente esos "acosos" a representantes de la soberanía popular.
Sin embargo, esa estrategia cambió cuando en la primera semana de mayo los escraches contra cargos del PP se intensificaron. La propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sufrió uno el pasado 5 de abril en su domicilio de Madrid, en el que estaban en ese momento su hijo, su madre y ella misma. Un día antes, se había producido otro contra la diputada Belén Bajo.
En ese escrache a la vicepresidenta, la Policía identificó a más de una veintena de personas, en cumplimiento de la orden que envío el Ministerio del Interior días antes para que se procediera a identificar a todos aquellos que participaran en hostigamiento a políticos.
Paralelamente, el PP empezó a subir el tono de la denuncia pública. La propia secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, calificó los escraches de "nazismo puro", unas declaraciones que han sido duramente criticadas por todos los partidos de la oposición.
Sin embargo, el PP ha insistido en la línea de la denuncia, haciendo hincapié en el mensaje de que esas protestas contra sus dirigentes son injustas porque, a su entender, está siendo precisamente el Gobierno de Mariano Rajoy el que está tomando medidas para paliar el problema de los desahucios.
Hasta el momento, el PP tiene contabilizados casi una veintena de escraches a sus diputados. En esa lista figuran --además de Sáenz de Santamaría y Gallardón--, el presidente del Congreso, Jesús Posada, los diputados catalanes José Ignacio Llorens, Antonio Gallego y Concepción Veray, los valencianos Esteban González Pons e Ignacio Gil Lázaro, las madrileñas Eva Durán, Beatriz Rodríguez Salmones y Belén Bajo, el aragonés Eloy Suárez, el navarro José Cruz Pérez Lapazarán, el vasco José Eugenio Azpiroz, el andaluz Aurelio Romero y el gallego Celso Delgado.