El Gobierno pide dejar trabajar a los jueces en el asesinato de 9 españoles en Ruanda y RDC

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha afirmado este martes tener "muy presente" el asesinato de nueve españoles en Ruanda y la República Democrática del Congo entre los años 1994 y 2000, pero ha pedido que se deje trabajar a los jueces que llevan el caso.

Así se ha expresado la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador del Partido Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista, Pere Sampol.

El senador se ha quejado de que el Gobierno no haya tramitado una comisión rogatoria del juez de la Audiencia Nacional Emilio Andreu por la que solicita a la ONU tres informes que, según Sampol, contienen las pruebas de los "crímenes" y "pillaje" cometidos por el actual presidente de Ruanda, Paul Kagame.

Aunque ha reconocido el gesto del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de no reunirse con Kagame en julio pasado con motivo de su visita a Madrid, así como la extradición pedida a Sudáfrica de uno de los imputados por estos crímenes, ha criticado que el jefe del Ejecutivo español "siga sin recibir" a los familiares de los fallecidos y que Interpol no haya cumplido las órdenes de arresto dictadas por Andreu.

Jiménez le ha respondido que no está dispuesta a aceptar ningún tipo de acusación sobre una presunta "conspiración de este Gobierno para intentar desactivar una investigación judicial", menos aún cuando el Ejecutivo ha mantenido informado al senador respecto de este caso cuando éste así lo ha solicitado.

La ministra ha reprochado a Sampol que "dé más valor" a los cables de la diplomacia estadounidense revelados por Wikileaks que hablan de la posición del Gobierno español ante esta investigación que a la información que le ha trasladado directamente el Gobierno español.

Según Sampol, esos documentos revelan que las autoridades españolas y hasta una fiscal de la Audiencia Nacional mostraron "su disconformidad y su voluntad de no colaborar con el auto de Andreu" que imputa y ordena el arresto de 40 altos cargos del Frente Patriótico Ruandés acusados del asesinato de esos nueve españoles, entre otros delitos.

La jefa de la diplomacia española ha defendido respetar "la más estricta separación de poderes" en este caso y ha indicado que el papel del Gobierno español "no puede ser otro que respetar las decisiones de la justicia y prestar todo el apoyo que necesiten en el ámbito internacional", algo que siempre ha hecho el Ejecutivo de forma "extraordinariamente rigurosa".