MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Delegado del Gobierno del País Vasco, Carlos Urquijo, no está dando ni un respiro a los presuntos incumplimientos de la ley que cometen los ayuntamientos gobernados por los partidos de la izquierda abertzale. En los últimos dos años ha interpuesto más de 200 recursos contra actos o palabras de apoyo a miembros o presuntos miembros de la banda terrorista ETA.
La última ha sido la petición de suspensión de la "txupinera" elegida para las fiestas de Bilbao, Jone Artola, una miembro de Etxerat y candidata de listas ilegalizadas de la izquierda abertzale, que finalmente fue acordada por el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de la capital vizcaína.
Esto último ha provocado que Sortu quiera promover una propuesta para "suprimir" la figura del Delegado del Gobierno en el País Vasco, ya que viene a unirse al hecho de que buena parte de los recursos que presenta la Delegación del Gobierno son ganados por la Abogacía del Estado.
Según el informe de litigiosidad que acumula la Delegación del Gobierno del País Vasco en esa CCAA, se han presentado algo más de 400 recursos contra las administraciones públicas de esa comunidad autónoma desde finales de 2011. Pero la mitad de estos están relacionados con actos o palabras de apoyo a miembros o presuntos miembros de la banda terrorista ETA.
Del total de 404 recursos, 202 se refieren a ese tipo de cuestiones, mientras que el otro 50 por ciento hacen alusión a asuntos laborales, a la no remisión de actas y acuerdos y al uso del euskera en documentos y comparecencias oficiales o como requisito para determinadas contrataciones.
Según el Informe de litigiosidad de Euskadi, al que ha tenido acceso Europa Press, aproximadamente la mitad de esos 202 recursos (104) denuncian el incumplimiento de la ley que regula el uso de la bandera nacional y otras banderas y enseñas, normalmente por la negativa a colocar la bandera española.
Otros 53 (el 26 por ciento) se presentaron por la exhibición, en lugares como la sede de un ayuntamiento, de carteles con los nombres o las fotografías de presos etarras en los que se pide su traslado a cárceles del País Vasco, así como la colocación de anagramas de apoyo a estos reclusos en documentación y páginas web oficiales.
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES
Un 12 por ciento de los 202 recursos (24) denuncian la celebración de homenajes y manifestaciones a favor de personas condenadas por pertenecer a ETA o a SEGI --o de sus familiares-- para reclamar su puesta en libertad o que sean amnistiados.
Este tipo de recursos también se refieren a asuntos como la cesión de espacios en edificios públicos para actos en los que se respalda a miembros de ETA o se critica la política penitenciaria del Gobierno, así como acuerdos de los ayuntamientos en este sentido y la organización de carreras o festivales de música con los que se rinde homenaje a etarras.
Menos numerosos (concretamente 9, o el 4 por ciento) son los recursos de la Delegación del Gobierno contra la concesión de subvenciones para el transporte de los familiares que van a visitar a presos de ETA a la cárcel y contra la aprobación de mociones para que los ayuntamientos se hagan cargo de los gastos judiciales de personas acusadas de pertenecer a la organización terrorista.
APOYO DE BILDU Y SORTU A ETARRAS
El Informe de litigiosidad también recoge recursos relacionados con determinados actos o declaraciones de miembros de Bildu o Sortu (8, o el 4 por ciento) y con asuntos penales (4, o el 2 por ciento).
Uno de estos últimos está motivado, por ejemplo, por la aprobación de un acuerdo en Lequeitio (Vizcaya) para exigir la absolución de siete personas que iban a ser juzgadas por colaboración con grupo terrorista. Otro se interpuso después de que el diputado general de Guipúzcoa, Martin Garitano, mostrase su apoyo a un joven condenado a cuatro años de cárcel por participar en actos de 'kale borroka'.
En cuanto a las denuncias por actos o declaraciones de miembros de Bildu o Sortu, destaca una que hace alusión a la recepción en el ayuntamiento de San Sebastián, por parte del alcalde, Juan Karlos Izagirre (de Bildu), de ocho jóvenes de SEGI condenados a seis años de prisión.
También aparece recogida una denuncia contra una propuesta de Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa que instaba a suspender los juicios de intencionalidad política y a revocar la Ley de Partidos en apoyo a varios jóvenes condenados a seis años de cárcel por pertenencia a SEGI.
9.000 EUROS PARA UN DOCUMENTAL SOBRE PRESOS
Entre los recursos presentados por las ayudas a presos, destaca uno según el cual el ayuntamiento de San Sebastián acordó otorgar 9.000 euros para un documental sobre la vida de varios presos de ETA.
Por último, entre las denuncias interpuestas por homenajes y manifestaciones figura una sobre un acuerdo en ese mismo Gobierno municipal para conceder a José Luis Álvarez Emparanza, más conocido como 'Txillardegi' (uno de los fundadores de ETA), la medalla al Mérito Ciudadano a título póstumo.
Asimismo, se registró un recurso en el que se indica que durante las fiestas de Andoáin (Guipúzcoa) se colocaron fotografías de cuerpo entero de presos etarras, ofreciendo la posibilidad de fotografiarse junto a esas imágenes al precio de un euro.
La mayor parte de los recursos del Informe de litigiosidad no han dado lugar a una sentencia, pero de aquellos en los que sí se emitió una resolución judicial, la inmensa mayoría se refieren al incumplimiento de las normas sobre colocación de banderas. De las 35 resoluciones emitidas en este tema, 22 estimaron el recurso de la Abogacía General del Estado y otras 13 lo desestimaron.
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