Para defender esa tesis alude a varios dictámenes del Consejo de Estado, entre ellos uno sobre el Prestige
MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Mariano Rajoy considera que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, "no tiene obligación de comparecer" en la comisión de investigación sobre fraude y evasión fiscal que analiza el caso de Jordi Pujol en el Parlamento catalán. Según alega, ese control corresponde "de forma exclusiva a las Cortes Generales".
"El ministro no tiene que comparecer para fiscalización de su actuación política", sostiene el Ejecutivo en un documento interno al que ha tenido acceso Europa Press, poco después de que esa comisión de investigación sobre Jordi Pujol acordara este martes citar a Montoro en el mes de junio. Aparte del ministro, solicitó también la presencia en el Parlamento catalán del extesorero del PP Luis Bárcenas.
El Gobierno explica que las autoridades y el personal de la Administración del Estado "no tienen obligación de comparecer ante las comisiones parlamentarias de investigación autonómicas" ni deben hacerlo por "el respeto institucional debido a las únicas cámaras parlamentarias (Congreso y Senado) ante las que las autoridades del Estado deben rendir, en su caso, las explicaciones pertinentes por sus actuaciones".
En este sentido, sostiene que ese control parlamentario al ministro "corresponde de forma exclusiva a las Cortes Generales". Según añade, el control de los parlamentos autonómicos debe circunscribirse a la actuación de los órganos y autoridades de la propia Comunidad Autónoma, sin que pueda alcanzar a órganos y autoridades "ajenos a su ámbito de competencia" como son los de la Administración del Estado.
DICTÁMENES DEL CONSEJO DE ESTADO
El Gobierno asegura que el propio Consejo de Estado lo ha dictaminado así en más de una ocasión. Entre ellos cita uno de junio de 2012 en una investigación sobre una caja de ahorros y otro precedente anterior en el mismo sentido en relación con el accidente del 'Prestige' del año 2002.
Otro de los argumentos que emplea el Ejecutivo del PP es que las comisiones de investigación que pueda crear el Parlamento catalán tendrán que limitarse a la investigación de asuntos de competencia de la Administración autonómica, a cuyo efecto podría solicitar información tributaria de los altos cargos públicos autonómicos investigados.
En ese caso, la comisión deberá dirigir su solicitud a la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditando que se refieran a personas que desempeñen o hayan desempeñado su actividad como altos cargos o equivalentes; y que el objeto de la investigación tenga relación con el desempeño de esos cargos.
El Gobierno agrega que para este suministro de información no puede requerirse la comparecencia personal de los funcionarios ni de los órganos directivos de la Agencia Tributaria. "Conforme a la normativa, la información tributaria que proceda será suministrada en papel o en forma electrónica", concluye.
