VITORIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, anuncia que el Ejecutivo llevará al Parlamento "lo antes posible" un proyecto de ley para que la Cámara apruebe, con la "máxima urgencia", la posibilidad de que los funcionarios autonómicos cobren en enero la paga extra de junio de 2013, una fórmula con la que pretende compensar en lo posible el efecto de la eliminación de esta retribución por parte del gabinete de Mariano Rajoy.
Erkoreka, que ha comparecido este martes en Vitoria ante los medios de comunicación tras el primer Consejo de Gobierno del gabinete de Iñigo Urkullu, ha asegurado que, si el adelanto de la primera paga extraordinaria de 2013 dependiera sólo del Ejecutivo, aprobaría esta medida "hoy mismo".
No obstante, ha destacado que la Ley de Función Pública y la Ley de Presupuestos establecen que, con carácter general, las retribuciones extraordinarias de los empleados públicos deben abonarse en diciembre y en junio. Por ese motivo, ha explicado que, para poder adelantar la paga de junio al mes de enero, es necesario aprobar una nueva ley que "habilite" al Ejecutivo para cambiar la fecha de abono de dichas pagas.
Con ese propósito, tal como ha anunciado, el Gobierno aprobará "lo antes posible" un proyecto legislativo que remitirá a la Cámara vasca con el fin de que ésta lo apruebe. Aunque la intención del Ejecutivo es que la extra pueda cobrarse en enero, Erkoreka ha precisado que esto será así "si es posible", dado que el texto deberá tramitarse en el Legislativo.
SIN COMPLEJIDAD
El portavoz del gabinete de Urkullu ha indicado que planteará que el proyecto de ley sea tramitado por el procedimiento urgente de lectura única, lo que acorta los plazos. En cuanto al contenido del proyecto, ha considerado que no debería tener una "excesiva complejidad técnica", aunque ha avisado de que desconoce si habrá tiempo para aprobarlo en el Consejo de Gobierno de la próxima semana, que podría celebrarse el día 24 ó el 26.
Erkoreka ha destacado la importancia de evitar que una demora en los trámites para sacar adelante la ley pueda acabar "frustrando las expectativas" de los funcionarios dependientes de la Administración autonómica.
