MADRID/VALENCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, calificó hoy de "adecuada" la protección y asistencia consular que ha recibido la abogada valenciana María José Carrascosa, encarcelada en una prisión de EEUU acusada de secuestrar a su hija menor de edad, y afirmó que el Gobierno está instando a las autoridades judiciales de ese país a que la liberen.
En respuesta a una pregunta de la senadora del Grupo Popular María Rosa Vindel, Moratinos anunció que se reunirá con los familiares de Carrascosa "el próximo 23 de mayo" y que "en los próximos días" habrá una nueva reunión de responsables de los Ministerios de Exteriores y Justicia "para analizar qué más se puede hacer para encontrar una solución" a la situación de la reclusa.
El jefe de la diplomacia española precisó que la puesta en libertad de Carrascosa "depende única y exclusivamente de la decisión de las autoridades judiciales norteamericanas" a las que el Gobierno español está "instando" a que actúen "de la manera más rápida" en este sentido.
Moratinos indicó que las autoridades españolas se han reunido con el director de la prisión y el jefe de los servicios médicos para que Carrascosa tuviera acceso a los medicamentos que precisa, así como con las autoridades de la Embajada estadounidense en Madrid, a quienes expresaron su "preocupación" por este caso.
También recordó que expertos juristas se trasladaron a Nueva York y Washington, en representación de los ministerios de Exteriores y Justicia, para discutir con las autoridades de este país con el objetivo de encontrar una "solución inmediata" a la situación de Carrascosa.
Vindel expuso que Carrascosa cumple desde noviembre pasado en la cárcel del condado de Bergen "las sentencias judiciales dictadas" en España y denunció que ha pasado "nueve días en aislamiento en un módulo de alta seguridad, compartiendo celda con reclusas convictas de asesinato" y que ha sido amenazada "con un simulacro de ejecución en silla eléctrica".
También criticó que el cónsul en Nueva York sólo la haya visto "en una ocasión en la cárcel" y que no haya sido "capaz de exigir a las autoridades que María José reciba la debida asistencia sanitaria", teniendo en cuenta que es diabética. Asimismo, subrayó que corresponde al Estado español "recordar e imponer a los estados firmantes del convenio de La Haya que tienen la obligación de respetar las decisiones judiciales adoptadas en la misma materia y sobre iguales litigantes por los tribunales españoles".
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