Impedirá que compañías se marchen a comunidades con normativas "más laxas"
VITORIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos central y vasco han alcanzado un acuerdo en torno a la Ley de Unidad de Garantía de la Unidad de Mercado que permitirá evitar la "potencial deslocalización" de empresas ubicadas en Euskadi y su marcha a comunidades autónomas con normativas "más laxas", según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha informado de que este martes se ha dado "el visto bueno" al acuerdo alcanzado con el Gobierno español en torno a la Ley 20/2013 de diciembre de Garantía de la Unidad de Mercado.
El pacto, tal y como ha explicado, evita la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional que el Ejecutivo vasco decidió formular contra esta norma el pasado mes de febrero. El portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu ha asegurado que el acuerdo logrado "es importante porque garantiza la plena autonomía del Gobierno vasco para regular las materias económicas que forman parte de su ámbito competencial".
Por ello, se ha consensuado que "todas las empresas que realicen su actividad en Euskadi, sea cual sea su lugar de origen, deberán cumplir la normativa vasca reguladora de esa actividad", algo que en la norma, en un principio, "no estaba en absoluto garantizado".
De esta manera, Erkoreka ha considerado que se evita "la potencial deslocalización de empresas y de agentes económicos que podían haberse marchado a otras comunidades autónomas que cuentan en cualquier ámbito de actuación económica con una normativa más laxa a efectos de asentarse en ellas".
FIRMA CON MONTORO
El preacuerdo permitirá aplicar la normativa vasca a los operadores económicos que actúen en Euskadi, sea cual fuere su lugar de origen. Erkoreka, que compagina sus labores como portavoz con las de consejero de Administración Pública y Justicia, firmará este preacuerdo con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
Este principio de acuerdo llega tras cuatro meses de negociación en el seno de la 'Comisión Bilateral Estado-País Vasco'. El recurso anunciado en su día por el Gobierno vasco --que finalmente no se interpondrá-- se sustentaba en la consideración de que el Gobierno central "bajo pretexto de unidad de mercado y apelando a la libertad de establecimiento y de circulación de personas, bienes y servicios", en realidad estaba con su ley menoscabando la capacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi para regular las materias de su competencia".
El Ejecutivo vasco ha recordado que la ley establecía que los operadores económicos debían regirse por la normativa de la "autoridad de origen" y no por la de la "autoridad de destino", es decir, la del lugar dónde realizan su actividad económica.
El gabinete de Iñigo Urkullu destaca que gracias a este acuerdo, "ambos gobiernos interpretan que, toda vez que un operador económico realice su actividad en Euskadi, sea cual fuere su lugar de origen, deberá cumplir la normativa vasca reguladora de su actividad".
SIN "IMPOSICIÓN"
Otro preacuerdo importante tiene que ver con las conferencias sectoriales, a las que la ley "atribuía una capacidad de imposición que ahora desaparece", tal y como ha indicado Erkoreka. De esa forma, si Euskadi no firma un acuerdo alcanzado en alguna de las conferencias sectoriales, éste "ya no es vinculante".
Además, el texto del principio de acuerdo "protege un buen número de intereses generales cuya competencia está reconocida y asumida por la Comunidad Autónoma de Euskadi, como los derechos lingüísticos, la defensa de las personas consumidoras o la seguridad viaria". ACUERDOS EN LA COMISIÓN BILATERAL
La ley también obligaba a publicitar las licitaciones públicas a través de una plataforma de contratación creada por el Estado, algo que gracias a este preacuerdo pasa a ser sólo "voluntario", ya que se otorga validez jurídica a la publicación de esta información mediante los medios definidos en Euskadi, como por ejemplo, el Boletín Oficial del País Vasco.
Además de este acuerdo, en lo que va de legislatura, esta comisión ha llegado a otros siete acuerdos que han evitado otros tantos recursos ante el Tribunal Constitucional.
