Gómez Bermúdez pide una reforma de la detención incomunicada de los terroristas

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha criticado la actual legislación antiterrorista y ha pedido una reforma de la excepción que permite prolongar el tiempo de detención e incomunicación de 72 horas a 116 horas para los detenidos por delitos vinculados al terrorismo.

Ha explicado que esta excepción "ha traído más problemas que beneficios" ya que, a su juicio, es innecesaria y permite que se presenten denuncias por torturas.

Según ha explicado el juez en una conferencia en la universidad Abat Oliba CEU, la ley hace una excepción en este tipo de delitos y permite que la detención se prolongue dos días más sólo si se solicita en las primeras 48 horas, cuando sólo debería durar "el tiempo estrictamente necesario para realizar la investigación".

Además, en las 24 primeras horas de detención se puede pedir la incomunicación durante la misma, también como medida única, cosa que es "la gran fuente de problemas ya que, cada vez que hay una denuncia de torturas se produce por la incomunicación", porque se suspenden los derechos de asignar un abogado de oficio, el derecho a comunicar a un familiar el lugar de la detención y hablar con él, y el derecho a la comunicación reservada con el abogado antes de la declaración.

"Es necesaria la reforma de la detención incomunicada de los terroristas, ya no necesitamos la legislación que nos está trayendo más problemas que beneficios" ha sentenciado el magistrado justificándolo, entre otras razones, porque para la investigación no es necesaria agotar las 116 horas, en la gran mayoría de casos.

Con todo, ha matizado que sí es importante la incomunicación en las primeras horas de detención, porque se podría frustrar la investigación, pero no es necesario que dure 116 horas, "bastaría con las 72 ordinarias", ha apostillado.

Además, Gómez Bermúdez ha criticado que la legislación no ha puesto medidas de control a la incomunicación, por lo que han tenido que hacerlo tres de los seis jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, --medidas como ordenar al médico forense que visite cada ocho horas al detenido, que se comunique a la familia dónde se encuentra, que pueda ser reconocido por un médico de su confianza bajo control y que sea grabado en la celda--.

"Aunque ahora denuncian torturas en las conducciones. Vamos a acabar poniendo una 'webcam' en los retrovisores", ha ironizado.

Críticas estas que ha centrado en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el l8 de marzo condenó a España por una denuncia de torturas a un joven perteneciente de la 'Kale Borroca', por la ausencia de la investigación profunda respecto a las alegaciones del detenido, que aseguraba que había sido torturado, cosa que, a juicio del juez, "no se puede permitir".

Asimismo, ha matizado tras la reforma del Código Penal de diciembre, que el paso definitivo para luchar contra el terrorismo hubiera sido la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo apenas superiores a 15 años, lo que hubiera permitido que no prescribieran las detenciones ilegales de larga duración.

"Así nos habríamos acercado a una gran cima que no está cubierta, que es la necesidad de que los delitos de terrorismo se equiparen a los delitos contra la humanidad de primer grado --como los crímenes de guerra, genocidio entre ellos--", ha expuesto.