Rechaza las críticas a la Justicia y denuncia un "ataque sin precedentes" ante el que CGJP "no puede permanecer callado"
BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El vocal delegado del País Vasco en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Pablo González, afirmó que no cree que la decisión del Gobierno vasco de retirar el uso de viviendas a altos cargos de tribunales vascos sea "una represalia", pero cree que el Ejecutivo vasco debe explicar esta decisión, porque, si no lo hace, si se puede pensar que "se trata de una represalia adoptada frente a decisiones que pudieran haber molestado".
"No debería pasar un minuto sin que el consejero de justicia, Joseba Azkarraga, lo explicara con todo lujo de detalles", aseguró en declaraciones a Europa Press.
González pidió explicaciones a Azkarraga sobre "el soporte legal y el por qué se anuncia ahora y no en otro momento", ya que, añadió, si no se dan estas explicaciones, "muchos podemos pensar que se trata de una represalia adoptada frente a decisiones que pudieran haber molestado".
Sin embargo, el vocal del CGPJ reconoció que no comparte la opinión de que se trate de una "represalia", porque entiende que se trata de una decisión que "está dentro de las competencias del propio Gobierno vasco".
"No tiene nada que ver, se trata de una decisión razonable, teniendo en cuenta que la razón por la que en su día se produjo esta medida de atribución de viviendas también básicamente ha desaparecido", añadió.
TSJPV, SUPREMO Y AUDIENCIA NACIONAL
En referencia a las últimas críticas a las decisiones del TSJPV -contra el lehendakari, y los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares-, del Tribunal Supremo -contra los miembros de la antigua mesa del Parlamento vasco- y de la Audiencia Nacional -contra el preso de ETA Iñaki de Juana Chaos-, González se mostró "preocupado" y las consideró "reflejo de la débil cultura democrática de muchos dirigente políticos de este país y de su nulo entendimiento del principio de independencia del poder judicial y de la separación de poderes".
"No sé si lo que pretenden es anticiparse a los acontecimientos y desplazar las culpas de un posible fracaso del proceso de negociación con ETA; lo que no puede aceptarse es que las decisiones judiciales sólo se acepten cuando son favorables y que cualquier contrariedad sea pretexto para la descalificación personal e institucional de jueces y magistrados", advirtió.
En este sentido, denunció que se está produciendo "un ataque sin precedentes a la independencia del poder judicial desde sectores del poder político", ante el que el CGPJ "no puede permanecer callado", ya que es "el garante de la independencia judicial" y "no le va a temblar el pulso a la hora de defender el Estado de Derecho".
Además, dijo que la actuación de jueces y magistrados y la aplicación "estricta" de los resortes del Estado de derecho "molestan a quienes consideran que la ley puede ser objeto de transacción o a quienes piensan que la aplicación o no del Derecho es moneda de cambio".
