BARCELONA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Gobernación y Administraciones Públicas, Joan Puigcercós, anunció hoy que el Gobierno catalán tiene "un plan B" por si no se logra el consenso parlamentario necesario para aprobar la nueva ley electoral de Catalunya en esta legislatura y prepara la creación de la Sindicatura Electoral catalana, una especie de Junta Electoral Central (JEC) de ámbito catalán.
Puigcercós dijo "confiar" en que se llegue a un acuerdo para aprobar la futura ley electoral, que precisa de dos tercios de los diputados del Parlament, pero señaló que en caso de que no sea así "Catalunya no puede permitirse seguir con este sistema que da mucha inseguridad".
El conseller puso como ejemplo "lo que ha costado que la JEC se pronunciara" conflictos para la composición de los consejos comarcales desde las pasadas elecciones municipales "porque son organismos que le quedan muy lejos".
Por ello, el Govern se plantea aprobar una ley de creación de la Sindicatura Electoral de Catalunya, un organismo que se proponía ya en el documento de base de los expertos sobre la ley electoral, que asumiría "todas las competencias atribuidas a las juntas electorales provinciales" y para cuyos recursos o impugnaciones sería competente el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en última instancia, según el texto.
La propuesta de los expertos planteaba ya una composición para esta sindicatura de "dos jueces o magistrados, designados por sorteo por la autoridad judicial, y cinco expertos en temas electorales de reconocido prestigio designados por el Parlament de Catalunya", con un presidente elegido por los mismos miembros y un mandato de cinco años.
Este nuevo organismo, que nacería a falta de una nueva ley electoral, podría poner en marcha por sí mismo algunas de las propuestas que formulaban también los expertos para aumentar la participación electoral, según Puigcercós.
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Puigcercós anunció además que su departamento presentará entre septiembre y octubre "una memoria" sobre la futura organización territorial catalana, que planteará las bases para las futuras leyes de Organización Territorial, Ley Municipal Catalana y Ley del Área Metropolitana de Barcelona. Sobre estas bases se consultará a los entes municipales y supramunicipales implicados de ara a poder plantear "una propuesta articulada" de las tres leyes en 2008.
El conseller explicó que para las dos últimas no serán necesarias modificaciones de leyes estatales, pero sí para poder aprobar la ley de organización territorial, en tanto que establecerá la sustitución de las Diputaciones --reguladas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg)-- por los consejos de las Veguerias.
Así, será necesaria una reforma de la Loreg para impulsar la nueva organización administrativa y territorial catalana, en la que Puigcercós aseguró que aún no está decidido el número de veguerias que se crearán. Aunque puntualizó que será "una modificación menor" de la legislación estatal, Puigcercós reconoció que el proceso "no estará exento de dificultades" en Madrid.
Puigcercós señaló también la necesidad de definir todavía "el modelo de financiación de las futuras veguerias", que debería establecerse en una futura ley de financiación local prevista en el Estatut.
Auguró que "la transición de las diputaciones a las veguerias será un proceso complicado", especialmente en materia de financiación, en el que se pretende "optimizar al máximo los recursos personales y materiales ya existentes", reaprovechando los de los consejos comarcales y las diputaciones para las futuras veguerias.
El conseller recordó que la ley de organización territorial, al contrario que la ley electoral, no requiere de dos tercios de la Cámara catalana par aprobarse, pero sí se mostró partidario de buscar el máximo consenso. También confió en que "no habrá problemas de consenso" con los entes municipalistas, en tanto que todos --incluso el presidente de la Diputación de Barcelona, José Corbacho, señaló-- se han mostrado partidarios de este traspaso.
Puigcercós hizo hoy balance de los primeros meses de su mandato al frente de Gobernación y Administraciones Públicas, en los que dijo haber logrado sus tres principales objetivos a corto plazo: sentar las bases de la futura Ley Electoral Catalana, aprobar el proyecto de la Oficina Antifraude y crear la Red de Equipamientos Cívicos de Catalunya de "colaboración con los ayuntamientos".