MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los cinco individuos detenidos hoy en País Vasco, Galicia y Madrid por prestar labores de apoyo a los GRAPO están acusados de mantener vínculos con el último comando operativo de la banda, desarticulado el pasado junio en Barcelona y al que pertenecían los autores materiales del último asesinato de la organización terrorista. Aquella operación permitió a la Guardia Civil seguir investigando hasta llegar a estos cinco arrestados.
El Ministerio del Interior se refirió hoy a los detenidos como presuntos miembros de la "estructura legal" de la organización terrorista PCE(r)-GRAPO. La investigación ha corrido a cargo del Servicio de Información de Guardia Civil y ha contado con la cooperación de las unidades periféricas, desembocando en la 'Operación Ditalco'. Como resultado de estas actuaciones se ha podido determinar las relaciones entre la dirección de la organización desmantelada en Barcelona y la estructura 'legal' en España. Los cinco detenidos hoy por prestar labores de apoyo a la organización terrorista GRAPO son José Luis Fernández González, Fernando Cantabrana Berrio, Fernando Rodríguez Blanco, Carlos Cela Seoane y Juan Manuel Olarrieta Alberdi, informaron a Europa Press fuentes de la investigación.
Dos de las detenciones se han producido en Galicia, la de José Luis Fernández, en Vigo; y la de Carlos Cela Seone, arrestado en el barrio coruñés de As Conchiñas y hermano del 'histórico' de la banda José Francisco, detenido en el operativo de junio pasado. En País Vasco han sido detenido Fernando Rodríguez Blanco, en la localidad vizcaína de Ortuella, y en Vitoria, Fernando Cantabrana Berrio, que ya había sido arrestado por la Policía en 2004 en esa misma ciudad. La quinta detención, correspondiente a Juan Manuel Olarieta, se ha producido en Madrid.
ACTIVIDADES DE APOYO.
A todos ellos se les vincula presuntamente con actividades de propaganda, financiación, captación, proselitismo, formación, relaciones internacionales y obtención de información, según Interior. En el marco de esta operación se ha procedido a efectuar registros en diversos domicilios relacionados con los detenidos, en los que se ha incautado abundante documentación que está siendo analizada.
Con esta operación, la Guardia Civil habría abortado además el posible intento de reconstruir las estructuras desmanteladas en los últimos años.