Asegura que España es el Estado "más descentralizado del mundo, tras Canadá y Australia, superando incluso a muchos Estados federales"
ARANJUEZ (MADRID), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Alfonso Guerra, aseguró hoy que el "gran problema" que tienen el PP y aquellos que critican al Estatut catalán es que "pierden la razón cuando no son capaces de distinguir" entre el texto que "llega y el que sale del Congreso". "Esto es lo que les ocurre, por ejemplo, a los dirigentes políticos del partido conservador", añadió.
Durante una conferencia enmarcada en el curso 'Cataluña en la España del siglo XXI, una relación a mejorar', explicó que él ha leído con "mucho detenimiento" los recursos de inconstitucionalidad que han sido presentados al Tribunal Constitucional (TC), y destacó que "sin dirimir si llevan razón o no, leyendo el recurso presentado por el PP", a veces se preguntaba "si estaba hablando del Estatuto que salió del Congreso o del que salió del Parlament".
Por eso, reiteró que "parece que no han distinguido y siguen hablando de aquel otro, sin atender a que se han producido muchísimas modificaciones".
A su juicio, aún existe "cierta inmadurez política", que se aprecia en el hecho de que la "simple presentación de un recurso ante el TC sea motivo de debate, cuando recurrir ante este Tribunal es un derecho constitucional". Asimismo, señaló que su "más ferviente deseo es que cuando el TC tenga que decidir, no lo vaya a hacer por un margen muy pequeño de magistrados". "Ojalá la sentencia tenga un amplio apoyo, para descartar argumentos de presión política de unos sobre otros, porque si no, esto seguirá debatiéndose siempre", aseveró.
Para Guerra, la tarea de la Comisión Constitucional en lo que va de legislatura ha sido "excelente y se aleja de tesis asimilacionistas y separatistas", aunque "para algunos haya puntos ambiguos a resolver ante el TC".
Defendió que el texto que salió del Parlament es "muy distinto" al que salió del Congreso, puesto que, por ejemplo, se modificaron 168 artículos y 17 disposiciones adicionales, si bien reconoció que siempre hay quien no está de acuerdo y lo lleva al TC, al tiempo que aprovechó para negar que en el texto final se califique como nación a Cataluña, aunque apuntó que sí se reconoce que fue el Parlament el que así la definió.
En este sentido, descartó que el TC funcione como una tercera cámara legislativa, y matizó que "si es así alguna vez es porque se equivoca y dice cómo tienen que hacerse las cosas, en lugar de limitarse a valorar su constitucionalidad". Eso sí, reconoció que había en los Estatutos inicialmente elaborados -catalán y vasco- algunas "rupturas de varios principios constitucionales con el sistema de financiación que se proponía".
Aprovechó, además, para resaltar que lo recogido finalmente en el Estatut ha sido seguido "lineal y literalmente" por los siguientes estatutos reformados.
SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS CCAA
Según dijo, cualquier modificación de la financiación de las CCAA, incluso aprobando una nueva Ley Orgánica de Financiación de las CCAA, debe respetar los principios constitucionales de "igualdad, solidaridad interterritorial y la prohibición de que la autonomía comporte privilegios económicos y sociales".
Por eso, afirmó que la pretensión de fijar la financiación en los Estatutos aisladamente de la LOFCA y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, "va más allá de toda consideración jurídica, porque es la ruptura unilateral de la coordinación, y provocaría una quiebra, una fragmentación fiscal del Estado".
En su opinión, las balanzas fiscales son un término "inventado, que no existe en ningún derecho fiscal del mundo, que encierra un objetivo inasumible constitucional y políticamente, como es imponer límites a la redistribución de la renta, lo que también provocaría la fractura del sistema".
El ex vicepresidente del Gobierno agregó que el argumento de las balanzas fiscales es un "instrumento de presión política" y se dice a los ciudadanos que están haciendo un "sobre esfuerzo fiscal para que luego otros se aprovechen de sus impuestos, es como advertir que los más pobres están robando a los más ricos, algo que es conservador, insolidario y anticonstitucional". Sobre competencias, indicó que no es un problema la cantidad de competencias transferidas o a transferir, sino que lo importante es si afecta a la soberanía, puesto que "para que en una colectividad se produzca una convivencia pacífica tiene que haber unidad de soberanía, porque en cuanto esta se rompe, la convivencia pacífica se rompe".
Así, aseguró que se ha creado una nueva tipología de competencias, "que ya usan los técnicos", como son las llamadas "falsas competencias exclusivas", al tiempo que bromeó al decir que "el derecho está perdiendo muchísimo por estos debates de reforma constitucional".
"Con el artículo 150 de la Constitución esto no se acaba nunca. El artículo 150.2 de la Constitución siempre tuvo mi absoluta enemistad, desde que se aprobó el texto, ya que permite modificar el reparto de poder que establece la Constitución sin atenerse a los artículos que establecen la reforma de la Constitución".
"FUERTE DESCENTRALIZACIÓN"
Por otro lado, indicó que se ha producido una descentralización "tan importante que, de ser el Estado más centralista de Europa, España ha pasado a ser el más descentralizado del mundo, tras Canadá y Australia, superando incluso en descentralización a muchos Estados federales". En su opinión, el proceso de creación de las CCAA aporta un "saldo neto positivo en la administración de los recursos españoles, además de crear unas instituciones regionales que han dado satisfacción identitaria a los ciudadanos".
Por ello, se planteó que si la descentralización ha sido "tan fuerte, resulta poco explicable la fiebre reformadora del sistema", aunque reconoció que es "difícil poner en cuestión los deseos de incrementar el poder de las Comunidades", llegando incluso hasta el punto de que "ante un conflicto Estado central-CCAA, son estas últimas las favoritas, las legitimadas frente a la denostación de las funciones del Estado".
Para Guerra, quien aseguró no compartir "ningún sentimiento nacionalista", la aspiración de identidad de Cataluña y Euskadi, de alguna manera, se ve afectada por el "deseo de igualización" del resto de las CCAA, lo que ha supuesto un "nuevo impulso de diferenciación de las dos primeras, y otra vez más, la búsqueda de igualación de las otras, en una espiral sin fin de incremento de competencias". Además, señaló que "en política está dominando en el mundo lo políticamente correcto y esto está destruyendo la democracia", por lo que apostó por "decir lo que uno piensa, sin atender a unas normas que no se sabe quien ha establecido, que dice lo que es correcto y no correcto en política".
En esta línea, recordó que como reacción a la política "antiautonomista" del último Gobierno de Aznar, Euskadi y Cataluña plantearon unas reformas de sus Estatutos con una "clara posición beligerante". "Usted niega mi existencia, yo voy a negociar mis Estatutos yendo mucho más allá de lo que las Cortes Españoles pueden abordar, más allá de lo que establece el artículo 147.3 de la Constitución", resaltó.
Según destacó, se vieron alentados por las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en su investidura, que matizaban lo dicho en Barcelona como candidato cuando aseguró que apoyaría el proyecto que surja del Parlament.
"En la investidura matizó que eso sería así siempre que contara con el consenso de las fuerzas políticas y que se atuviera a los preceptos constitucionales. El proyecto vasco fue rechazado por el Congreso y duerme el sueño de los justos en el Parlamento autonómico. Y si no lo van a modificar, que lo duerma para la eternidad", sentenció.
