MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, tiene previsto llamar a declarar al ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas y al ex diputado Jesús Merino para que no puedan alegar indefensión, una vez que el Tribunal Supremo remita su expediente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras perder su condición de aforados, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Bárcenas y Merino presentaron esta mañana formalmente la renuncia a sus rescaños en el Senado y el Congreso de los Diputados, con lo que pierden así el aforamiento que llevó su caso al Tribunal Supremo desde el Alto Tribunal madrileño tras la inhibición el 5 de marzo de 2009 del juez Baltasar Garzón.
Ahora, el Senado y el Congreso deberán remitir al Supremo un escrito en el que se acredite la pérdida de su condición de aforados. Tras ello, el Alto Tribunal devolverá el expediente a la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, que se lo pasará al juez instructor para que asuma la causa.
Será entonces cuando el juez Pedreira les cite a declarar con la finalidad de que ratifiquen las declaraciones prestadas ya ante el Supremo para que no aleguen indefensión por no haber sido escuchados por el magistrado instructor.
CAUSA EN EL SUPREMO
El TSJM asumió la investigación en marzo de 2009, después de reclamársela al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien destapó la trama. El juez instructor de la causa en el tribunal madrileño, Antonio Pedreira, remitió en junio del año pasado todo el sumario al Tribunal Supremo, dada la existencia de imputados aforados, y el alto tribunal asumió la competencia para investigar a Bárcenas y Merino, devolviendo el resto del sumario a Pedreira.
El abandono de los escaños, y la consiguiente pérdida del aforamiento, hace que el Tribunal Supremo pierda la competencia sobre la investigación de los dos imputados provisionales en la 'Gürtel', de manera que deberá devolver las actuaciones al TSJM en cuanto tenga acreditadas ambas renuncias.
El juez instructor de la causa en el alto tribunal, Francisco Monterde, enviará todas las diligencias practicas durante estos diez meses bajo secreto sumarial al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en el tribunal madrileño. Entre estas diligencias, se encuentra la declaración que ambos imputados prestaron en julio del año pasado.
Las citaciones por parte del Tribunal Supremo se produjeron sin necesidad de tramitar los suplicatorios a las Cámaras, dado que tanto Bárcenas como Merino habían solicitado por escrito declarar voluntariamente ante el alto tribunal. No obstante, el Congreso y el Senado tuvieron que aprobar los suplicatorios para que continuaran las investigaciones.
DELITOS FISCALES Y COHECHO
Los interrogatorios se produjeron un mes después de que el Supremo se declarara competente para investigar al entonces tesorero del PP y al ex diputado nacional por su relación con la presunta trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa, al apreciar en su actuación indicios de delitos fiscales y cohecho, si bien descartaba que pudiera imputárseles por el momento pertenencia al entramado o blanqueo de capitales.
Respecto a Bárcenas, en su auto, la Sala de lo Penal del Supremo apuntaba que las anotaciones existentes en los documentos intervenidos en el registro del piso perteneciente a la red de Correa y las que resultan de la contabilidad intervenida "son indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas, también del abono de un viaje turístico" del entonces aforado, al que, destaca, "se identifica con su nombre, con las iniciales de su nombre y apellido, con su apellido o con la expresión Luis 'el cabrón' empleada en la causa" .
"La correspondencia de esas expresiones y de las iniciales con la persona del aforados ponen de manifiesto, indiciariamente, en las declaraciones personales que le identifican como receptor de las cantidades económicas procedentes del denominado grupo Correa", añadía el alto tribunal.
Por lo que se refiere a Merino, el Supremo indicaba que "los indicios sobre la realidad de las percepciones resultan de una doble fuente", la documentación intervenida en el registro domiciliario de la trama y un soporte informático con la contabilidad oculta del grupo de empresas que se identifica como 'grupo Correa'.
La Sala entendía que los indicios sobre la comisión de un delito de cohecho resultaban, en principio, suficientes, dado que "esas cantidades entregadas presuntamente al aforado (Merino) no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción". La investigación sobre el diputado también iba dirigida a depurar "los delitos fiscales en que pudiera haber incurrido en caso de incumplimientos de las obligaciones fiscales correspondientes a los ingresos indiciariamente detectados".
