CASTELLÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del grupo socialista del Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, aseguró hoy que el equipo de gobierno del Partido Popular ha ordenado pagos de 10 millones de euros en 2008 y 2009 a la empresa Piaf, SL, "implicada" en la trama corrupta del caso Gürtel, "por trabajos realizados a dedo, sin consignación presupuestaria y con informes desfavorables de la Intervención General Municipal".
El portavoz socialista conminó a través de un comunicado al alcalde, Alberto Fabra, a dar explicaciones "urgentes" y "creíbles" sobre las cantidades satisfechas por el Ayuntamiento a Piaf, "una de las constructoras que aparecen en el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal".
Así mismo, dijo que "otras dos sociedades investigadas, Lubasa y Facsa, también son adjudicatarias habituales del Ayuntamiento de Castellón, con contratos millonarios por la gestión de servicios y la construcción de infraestructuras".
"El alcalde y el vicealcalde deben dar explicaciones convincentes sobre la conexión existente entre los pagos irregulares a estas empresas, al margen de la ley, y la posible financiación ilegal del Partido Popular que ahora se investiga", apuntó Calles.
El dirigente socialista recordó que Alberto Fabra "se negó en febrero a facilitar al PSPV la relación de los contratos de las empresas relacionadas con el 'caso Gürtel', y ahora comprendemos que detrás de aquel silencio culpable había miedo a que descubriéramos la conexión municipal con esta supuesta trama de financiación ilegal del PP".
Calles informó de que la constructora castellonense Piaf "percibió en 2008 un total de 4,36 millones de euros por obras y servicios que no habían seguido el cauce administrativo a través de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y, por el mismo concepto, ha facturado 6,71 millones de euros en el primer semestre de 2009". "A esas cantidades se unen 1,68 millones por el mantenimiento de edificios e instalaciones municipales, adjudicado en 2007 por concurso", añadió.
Según explicó, el PP "legalizó los pagos de ambos ejercicios presupuestarios de forma distinta" y las facturas de 2008 "se dividieron en cuatro reconocimientos extraordinarios de crédito", un procedimiento que tienen las administraciones públicas para pagar deudas acumuladas con los proveedores "por contrataciones que vulneran la legalidad", aseveró.
En cambio, apuntó que los pagos de 2009 "se regularizaron por medio de la operación especial de endeudamiento autorizada por el Gobierno a las entidades municipales para sanear la deuda pendiente con empresas y autónomos".
El grupo municipal socialista, recordó que se ha opuesto en todas las sesiones plenarias al reconocimiento de estas facturas irregulares, "ante la sospecha de que podían ocultar pagos de difícil comprobación, como apuntaban los informes técnicos".
Calles, además, añadió que "el equipo de gobierno pagó facturas a dedo por un total de 16,8 millones de euros durante 2008, y sólo en los seis primeros meses de 2009 los reconocimientos extrajudiciales de crédito alcanzaron los 18 millones de euros".
Por ello, anunció que el grupo municipal socialista intensificará las medidas de fiscalización y control de las contrataciones municipales, "a pesar de las trabas de los concejales populares".
En este sentido, señaló que Alberto Fabra "tiene la oportunidad democrática de optar por la transparencia o por la opacidad, y si persiste en la negativa a facilitar información al PSPV, se encontrará con una oposición feroz, que no piensa transigir ante la sospecha de corrupción y que está dispuesta a aflorar todas las ilegalidades del PP en el Ayuntamiento de Castellón", concluyó.
