SAN SEBASTIAN, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El diputado para la Fiscalidad y las Finanzas, Juan José Mujika, reveló hoy que la Hacienda foral de Guipúzcoa dejó de ingresar un importe de 5.070.000 euros a causa de los 35 expedientes presuntamente irregulares y delictivos en los que, hasta la fecha, se han detectado cobros no ingresados en la oficina tributaria de Irún.
Mujika compareció hoy ante las Juntas Generales en San Sebastián, junto al diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, para dar cuenta de los datos de que dispone la Diputación sobre el caso y, asimismo, para entregar a los procuradores junteros el informe de auditoría origen del proceso y que no había podido realizarse antes debido al secreto de sumario, que ha sido levantado hoy a las nueve de la mañana.
El diputado para la Fiscalidad y las Finanzas insistió en la "actitud proactiva, de ir de frente y atacar de raíz el problema" que ha adoptado la Diputación y su "compromiso real con el esclarecimiento total de los hechos, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga".
Mujika recordó que se han revistado 5.954 expedientes, todo ellos que tuvieron alguna liquidación dada de baja en los años 2001, 2002, 2003 y 2004 por prescripción o insolvencia. De ellos, se seleccionaron 1.450, aquellos con importe de baja superior a 3.000 euros. Finalmente, fueron enviados a la Ertzaintza 278 expedientes relacionados con la oficina tributaria de Irún y que presentaban irregularidades administrativas o algún trámite que no parecía lógico.
MAS DE UN MILLON DE EUROS
Asimismo, apuntó que "la investigación sigue abierta por los servicios de la propia Hacienda foral" y que, en estos momentos, según los datos de que dispone el ente foral, son 35 los expedientes irregulares y presuntamente delictivos en los que se han detectado cobros no ingresados. El importe de estos pagos podría ascender a 1,5 millones de euros mientras que el importe dado de baja por prescripción o insolvencia en estos expedientes ascendería a 5.070.000 millones de euros.
El diputado aclaró, además, que aunque las fechas de baja por prescripción o insolvencia sean los años 2001 a 2004, "todos los expedientes irregulares y presuntamente delictivos son anteriores al 2003, y una gran mayoría de ellos anteriores al 2000". "Los pagos irregulares detectados por la Hacienda foral corresponden también en su práctica totalidad a fechas anteriores al 2003, y en su gran mayoría a los años 90", añadió.
"Es la Hacienda foral en colaboración con la Fiscalía y la policía judicial la que está arrojando luz y deshaciendo el ovillo", reiteró Mujika, quien señaló que la Diputación asumió al inicio de la legislatura el cambio de la cúpula directiva de la Hacienda anterior, así como ordenar auditorías en 2004 en áreas nunca antes inspeccionadas.
Además, insistió en que "no hay nada que ocultar" al tiempo que reiteró que la Diputación se ha personado como acusación particular "para defender los intereses de la Hacienda guipuzcoana y sus contribuyentes". El diputado remarcó que el Gobierno foral ha "actuado de cara, asumido riesgos y llegará hasta el final" y criticó a "personas y partidos cuyo único objetivo es tratar de pescar en río revuelto, no dudando para ello en manipular, acusar impunemente y calumniar".
"ORGULLOSO"
En esa línea, Joxe Joan González de Txabarri afirmó que la actuación de la Diputación en este caso "ha permitido que se acuse a cinco ciudadanos por malversación de caudales públicos, delito de falsedad en documento oficial y blanqueo de capitales" y que, si no hubiese sido por la auditoría "no se hubiera llegado a ese resultado".
El diputado general insistió en que "se ha seguido investigando hasta llegar al hilo del asunto" y criticó que representantes del PP, como Regina Otaola, "se haya divertido" avanzando datos que la Diputación no podía revelar para no entorpecer la investigación. Asimismo, se mostró "muy orgulloso" de trabajar con el equipo actual de Gobierno foral y remarcó que "por los señores Rica, Mujika y Bazako pondría la mano en el fuego".
PNV y EA apoyaron a la Diputación en su actuación en todo este tema. El portavoz de EA, Iñaki Galdós, acusó a algunos partidos de haber "jugado con maldad" en este asunto para "tratar de construir una gran mentira" al tiempo que subrayó que "los guipuzcoanos son los grandes estafados de esta trama mafiosa".
Por su parte, el portavoz del PSE-EE, Miguel Buen, pidió que se investiguen los movimientos patrimoniales de los 35 expedientes presuntamente delictivos y reclamó que se aclare "cuánto dinero se ha dejado de pagar a la Hacienda foral". En ese sentido, señaló que esos datos podrían darse después del 27 de mayo "porque no se trata de una cuestión de aprovechamiento electoral".
La juntera del PP, Regina Otaola, consideró que en este asunto "quedan sombras". "No digo que penalmente esta Diputación sea responsable pero sí digo que habrá una responsabilidad política, y seguimos sin saber por qué se archivó el informe de auditoría y por qué ha estado nueve meses durmiendo el sueño de los justos", concluyó.