Piden a Linde que cese al consejero delegado del Santander y avisan de que si no lo hace, comete también un delito de prevaricación
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los diputados de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela y Laia Ortiz, han ratificado este martes en un juzgado de Madrid su querella contra el ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez por un delito de prevaricación que habría cometido al incumplir su "deber" de apartar del cargo al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz cuando su condena fue firme.
A las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, Coscubiela ha acusado al que fuera máximo responsable del supervisor bancario de "mirar hacia otro lado" desde que el Tribunal Supremo confirmara en 2011 la condena a Sáenz por un delito de denuncia falsa contra un deudor mientras presidía Banesto.
"Ante esa impunidad de Sáenz no nos resignamos y por eso estamos luchando en el ámbito político y judicial para conseguir que se aplique la normativa", ha advertido Coscubiela, en alusión al Real Decreto 1245/1995 de Requisitos para el ejercicio de la actividad bancaria, que sitúa la "honorabilidad" entre las condiciones para ejercer de banquero.
Los ecosocialistas también han solicitado al actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que aplique la normativa vigente y aparte a Sáenz, aunque no han obtenido todavía respuesta. "Esperemos que lo haga y si no lo hace, desde luego, estaría incurso en el mismo delito", ha remachado.
En su querella, mantienen que resulta "palmario que un delincuente, un condenado penalmente por su actuar en la actividad bancaria, no puede considerarse honorable" y censura que Sáenz siga ejerciendo "con normalidad" su cargo en el Santander.
OBLIGACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA
Entre las facultades de supervisión encomendadas al Banco de España, se encuentra la regulación "efectiva" de las normas de acceso y del ejercicio de la actividad, así como el régimen disciplinario y sancionador a entidades y administradores.
Añaden que Fernández Ordóñez era consciente del "deber" que tenía el supervisor de revocar de sus cargos a quienes hubieran perdido la honorabilidad profesional, como son quienes cuentan con antecedentes por delito doloso como es Alfredo Sáenz.
Los querellantes, que ejercen la acusación popular, piden al Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid que tome declaración en calidad de imputado a Fernández Ordóñez y recabe la documentación sobre la apertura de un expediente que solicitaron al Banco de España y que éste se negó a realizar.
"Desde hace más de un año, en ICV estamos trabajando en el ámbito político y judicial para impedir la impunidad de Sáenz, indultado por José Luis Rodríguez Zapatero, tutelado por mirar hacia otro lado por parte de Fernández Ordóñez que no le aplicó la inhabilitación a la que estaba obligado y ahora parece que el señor Rajoy le quiere hacer una normativa a su medida", ha concluido Coscubiela.
En 2009, la Audiencia de Barcelona condenó a Sáenz a seis meses de cárcel y al pago de una multa de 9.000 euros. Dos años después, el Tribunal Supremo rebajó la pena a tres meses de prisión e inhabilitación durante ese tiempo.
