Frederic Udina (Archivo)
Generalitat
Actualizado: lunes, 11 diciembre 2017 17:43

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català d'Estadística (Idescat) ha defendido este lunes su colaboración con los agentes de la Policía Nacional que se personaron el martes pasado en su sede por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona para buscar el censo que el Govern utilizó para el referéndum del 1-O.

El director del Idescat, Frederic Udina, ha dicho en un comunicado que recibió la resolución de entrada y registro ese mismo día, y ha negado que recibieran antes ninguna diligencia de petición de información.

El Idescat ha afirmado que el objetivo del registro era determinar si la Plataforma tecnológica Cerdà contenía datos censales que se hubieran podido utilizar para el referéndum.

"El director del Idescat facilitó inmediatamente el acceso a los sistemas de información del Idescat", asegura el instituto, y añade que los agentes de la Policía Nacional contaron con toda la colaboración de los responsables y técnicos de cada ámbito requerido.

Agrega que ninguno de los servicios del Idescat se vio alterado durante las cinco horas que duró el registro, desde las 9.35 hasta las 15.00, dice el comunicado.

DECISIÓN JUDICIAL

El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer autorizó el acceso al Idescat para proceder al volcado de información y tratar de recabar más datos sobre cómo se obtuvieron los datos personales de ciudadanos.

El Idescat es el órgano estadístico de la Generalitat y, aunque es autónomo, depende de la Conselleria de Economía y Hacienda, cuyo último titular ha sido Oriol Junqueras.

El Idescat fue el organismo al que el entonces secretario general de la Vicepresidencia y 'número dos' de Junqueras, Josep Maria Jové, encargó digitalizar y actualizar el censo.

El encargo se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) el 18 de septiembre, dos días antes de los arrestos de los 14 altos cargos (entre ellos Jové).

Tras la detención de Josep Maria Jové, fuentes del Idescat señalaron que el encargo que les había hecho "no tenía nada que ver con el referéndum".

Se ceñía, según explicaron a Europa Press, a la delimitación territorial de las secciones censales, que son unidades geográficas de un máximo de 2.000 habitantes que sirven para elaborar censos electorales pero también para muchas otras utilidades, como planificar el transporte público.

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