Las ILP ciudadanas: 42 tramitadas esta legislatura y ninguna se ha convertido en ley

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha tramitado esta legislatura 42 proposiciones de ley promovidas por la ciudadanía a través del mecanismo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), pero ninguna ha logrado convertirse en ley: la mayoría fueron inadmitidas por la Mesa de la Cámara o quedaron caducadas al no reunir las firmas exigidas; y sólo cuatro han llegado a debatirse en el Pleno del Congreso, aunque la más avanzada, la que buscaba una regularización de migrantes, ha quedado ya superada al apostar el Gobierno por la vía del real decreto tras su pacto con Podemos.

El balance individualizado de todas las iniciativas inscritas desde el inicio del mandato, según el listado del Congreso analizado por Europa Press, refleja que este instrumento de participación ciudadana continúa encontrando grandes dificultades prácticas para superar el proceso de recogida de firmas o los primeros filtros del procedimiento parlamentario.

Tras registrarse una ILP, la Mesa de la Cámara debe analizar si las tramita o las inadmite en términos absolutos, lo que implica su rechazo inmediato; si superan ese filtro legal, se abre la recogida de firmas, pero el camino puede frustrarse si no se logran reunir en nueve meses el medio millón de avales requerido. En el caso de recabar las firmas, empieza el proceso parlamentario de toma en consideración por el Pleno, presentación de enmiendas y, en su caso, aprobación final y remisión al Senado.

INICIATIVAS INADMITIDAS DE PLANO

De las ILPs registradas esta legislatura, 16 fueron rechazadas directamente por la Mesa del Congreso, lo que supuso el archivo automático de sus expedientes. La Constitución impide que una iniciativa ciudadana regule materias de ley orgánica, tributos e impuestos, Presupuestos Generales del Estado, tratados internacionales o prerrogativa de gracia.

Otras son rechazadas por efectos formales o técnicos, como una mala redacción jurídica, falta de memoria económica, no concretar artículos a modificar, invadir competencias autonómicas o mezclar varias materias heterogéneas. La Mesa también puede inadmitirlas por no ajustarse a técnica legislativa mínima, por duplicidad o reiteración o si ya existe una ILP muy similar.

Por alguna de estas circunstancias han sido rechazadas tres propuestas para impulsar la fecundidad y la protección de la familia; tres reformas relacionadas con la prescripción de medicamentos veterinarios; la modificación del sistema de acceso a la función pública docente no universitaria; la inclusión de la educación financiera en el currículo escolar; o la reforma del Código Penal y del Estatuto Básico del Empleado Público para reforzar la protección de agentes de la autoridad en casos de atentado.

También fueron inadmitidas ILPs sobre cambios en el reglamento de ingreso docente; contra el maltrato al mayor; de ejecución de órdenes de expulsión de extranjeros; de creación de un estatuto del político; dos iniciativas relativas al himno nacional; de racionalización y eficiencia en el gasto público; y dos sobre transparencia, rendición de cuentas y protección de denunciantes. Hay otra sobre protección integral de los menores víctimas de violencia familiar que está paralizada a la espera de aclaraciones.

CADUCADAS POR FALTA DE FIRMAS

Otras siete proposiciones sí comenzaron su recogida de firmas, pero decayeron por falta de avales o por agotarse los plazos sin que las presentaran. La normativa establece que los promotores disponen de nueve meses --prorrogables otros tres-- para reunir al menos 500.000 firmas válidas.

Exige que las firmas se recojan en pliegos oficiales validados por la Junta Electoral, con nombre, DNI, domicilio y firma manuscrita de cada apoyo, y siempre en presencia de fedatarios acreditados que certifiquen su autenticidad. Este sistema, que obliga a verificar una por una todas las rúbricas, dificulta la logística de las campañas y provoca que muchas iniciativas no alcancen firmas necesarias y caduquen antes de llegar al Pleno.

En esta fase han caído la modificación de la Ley antitabaco; la equiparación de la aportación farmacéutica entre pensionistas de la Seguridad Social y mutualistas; cambios en los artículos 25 y 26 del Código Civil; una sobre protección de la agricultura y la seguridad alimentaria; la opción de compra en derecho de superficie de vivienda habitual de promoción privada por sus residentes; la modificación del reglamento de accesos y nuevas especialidades en los cuerpos docentes; el derecho al uso del dinero físico; y una iniciativa para la protección de menores frente a violencia y denuncias falsas en el ámbito familiar.

TODAVÍA EN FASE PRELIMINAR

Actualmente hay diez propuestas en esta fase de recogida de firmas, como la modificación de la ley de contratos de crédito inmobiliario; cambios en la distribución, prescripción, dispensación de medicamentos veterinarios; dos modificaciones de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de la Ley de Bases del Régimen Local; la regulación del cribado neonatal universal; reforma del artículo 14 de la Ley de Aguas; modificación de los artículos 17 y 22 del Código Civil; los cambios en la Ley de Contrato de Seguro; y reforma de la Ley de Educación.

Además está pendiente una ILP de Protección Integral contra el maltrato a las personas mayores, calificada en mayo, que ha recibido el respaldo de muchas instituciones, asociaciones y ciudadanos desde su registro. Este jueves sus promotores registraron un escrito en la Mesa del Congreso y a los Portavoces de los Grupos que tramiten la ley y que les den tres meses más para lograr todas las firmas.

Una vez validadas las 500.000 firmas por la Junta Electoral Central, la iniciativa se remite al Congreso y comienza su recorrido parlamentario, que suele dilatarse años y legislaturas, porque las ILP no caducan al disolverse las Cortes.

La ILP para lograr prestación mínima por parte de la Seguridad Social, que fue registrada en 2016 y que en parte se ha trasladado a la legislación española con el actual Ingreso Mínimo Vital (IMV), está pendiente de presentación y primer debate en el Pleno del Congreso.

TOMADAS EN CONSIDERACIÓN Y AL CAJÓN

Un paso más han dado otras cuatro iniciativas populares, cuya toma en consideración ha llegado a debatirse en el Pleno del Congreso. Una de ellas, que empezó su recorrido en 2019, pide unos ratios mínimas de enfermeras por habitante; superó ese primer examen en 2024 y este mismo mes el sindicato SATSE ha instado a las formaciones políticas a que den un impulso definitivo para intentar su aprobación final.

En la misma situación se halla la ILP sobre promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios, registrada en 2016. Fue tomada en consideración por el Congreso en 2024, pero no ha avanzado más.

La más avanzada, tomada en consideración por el Pleno en 2024, es la ILP de regularización extraordinaria de personas extranjeras, a la que los grupos parlamentarios llegaron incluso a presentar enmiendas parciales. No obstante, el Gobierno aprobó hace unos días un real decreto con el mismo objetivo, con lo que ha quedado superada.

Por su parte, la ILP para la derogación de la ley que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, registrada esta legislatura, también llegó al Pleno pero acabó siendo rechazada en el primer examen con los votos en contra de PP y Vox y la decisiva abstención del PSOE.