Convergència acusa al Gobierno de querer adquirir un "poder ilimitado" y llevar a cabo una recentralización
MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La discusión sobre la independencia de Cataluña y las próximas elecciones autonómicas del 27 de septiembre ha copado gran parte del debate sobre la Ley de Seguridad Nacional que ha tenido lugar este jueves en el Pleno del Senado.
La cuestión ha sido mencionada por primera vez por la senadora de Convergència María Teresa Rivero, quien, después de acusar al Gobierno de querer acometer una "recentralización de competencias" con esta ley y adquirir un "poder ilimitado", ha dicho que todo esto se encuadra en una política dirigida a tener control sobre otras administraciones y sobre los ciudadanos.
Así, y tras mencionar otras normas como la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', la senadora ha afeado tanto la tramitación de esta Ley de Seguridad Nacional como la anunciada reforma del Tribunal Constitucional con el objetivo de poder multar o suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias y resoluciones.
Rivero ha reclamado "un Tribunal Constitucional despolitizado" y ha afirmado que si el Gobierno pide a la Generalitat que respete el Estado de Derecho, se aplique a su vez esta advertencia y fomente un Estado de Derecho "donde se respete la separación de poderes".
Según la representante de Convergència, lo único que hace la Generalitat es "defender su proyecto político con las leyes", leyes que, ha asegurado, el Gobierno catalán ha respetado más que el central, al igual que las sentencias del Constitucional. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de incumplir capítulos del Estatuto de Cataluña así como artículos de leyes como la política de acogida de refugiados.
ESPAÑA, EN LA CULTURA DE CATALUÑA
Rivero ha remarcado que la expresión de "odio a España" no ha salido nunca de la Generalitat porque "España forma parte de la cultura" de Cataluña. "Nos acusan de delirio independendista, pero es que nosotros vemos un futuro mejor. Su recentralización, la 'Ley Mordaza', la Ley de Seguridad Nacional y la reforma del Tribunal Constitucional no son garantía del Estado de las Autonomías", ha explicado.
La senadora ha subrayado que los partidos soberanistas sólo quieren "hacer una consulta para que los catalanes decidan sobre su futuro porque, según ha subrayado, es el "mandato" que así consideran que han recibido de los ciudadanos, pues "un 80 por ciento" de los partidos representados en el Parlament así lo apoyan.
El ponente del PP, Joaquín Ramírez, ha preguntado a Rivero "de qué Estado de Derecho habla" si los partidos soberanistas "ya han dicho que van a incumplir la ley". "Hay que respetar todas las leyes, y no sólo las que uno quiere", ha manifestado.
Además, ha aclarado a la senadora de Convergència que el independentismo catalán "niega la existencia del pueblo español tal y como lo entiende la Constitución" y al mismo tiempo "afirma la existencia del pueblo catalán, pero no como lo entiende la Constitución".
OTROS PARTIDOS TAMBIÉN HABLAN DE RECENTRALIZACIÓN
Pero las acusaciones de recentralización dirigidas al Gobierno central no han sido exclusivas de Convergència durante el debate de la Ley de Seguridad Nacional en el Senado. Así lo han puesto de manifiesto también el senador Joan Saura, de ICV, el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, y la senadora de Podemos Pilar Lima, quienes han acusado al Gobierno de querer "arrebatar competencias" a las comunidades autónomas cuando se decida declarar una "situación de interés para la seguridad nacional".
Este concepto nuevo que introduce esta ley pretende, según el Ejecutivo, cubrir el vacío que se da ante situaciones en las que no se considera necesario decretar el estado de alarma, estado de excepción o estado de sitio, pero sí utilizar más medios y coordinación a los habituales.
Los grupos de la oposición, a excepción del PSOE, han criticado que esta situación sólo pueda ser declarada, según la ley, por el presidente del Gobierno, adquiriendo así poderes y competencias concretas dirigidas a gestionar dicha situación para hacer frente a una crisis.
Asimismo, han censurado la "indefinición" que, a su juicio, figura en toda la ley, sobre todo en lo que respecta a la declaración de interés para la seguridad nacional, un concepto que consideran poco concreto e impreciso que debería estar mejor definido. Algunos como Saura, Bildarratz y Lima ven la norma "innecesaria" porque el Estado ya dispone de mecanismos para hacer frente a crisis o emergencias y no le hacen falta más.
MÁS PAPEL PARA EL SENADO
Por su parte, los socialistas, aunque estaban de acuerdo en el grueso del contenido de la norma, habían presentado varias enmiendas dirigidas, entre otras, a otorgar al Senado mayor protagonismo en el control al Gobierno cuando se declare una situación de interés para la seguridad nacional, pero han sido rechazadas gracias a la mayoría absoluta del PP, que también ha salvado la tramitación de la norma rechazando las seis propuestas de veto que se habían presentado contra esta ley.
Finalmente, la Ley de Seguridad Nacional ha sido aprobada por el Pleno del Senado con los votos a favor de PP, PSOE y PSC y con los votos en contra de Convergència, Unió, Podemos, IU e ICV. Al no haber sufrido ningún cambio con respecto al texto que llegó del Congreso, entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días.
