informe desvela que la policía de Valladolid hizo entrega controlada del contenedor de 'coca' sin autorización judicial

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Jefatura Regional de Aduanas de Valencia desvela que la Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, protagonista en 2007 de la 'Operación Navío' que desarticuló una supuesta red de narcotraficantes compuesta por ocho personas, se puso en contacto con los responsables del puerto valenciano para que dieran luz verde a la salida, con destino a Salamanca, de un contenedor importado desde Colombia con 55 kilos de cocaína, pese a no contar para ello con autorización del juez encargado del caso.

Esa es al menos la interpretación que las defensas de los ocho procesados hacen de la citada notificación que, según informaron a Europa Press, sería prueba más que suficiente para que la Audiencia de Valladolid, que les juzga desde el pasado día 11, decretara nulidad de actuaciones, ya que, como así coinciden todos los letrados, el contenedor interceptado el 22 de octubre de 2007 en el Polígono 'Los Villares' de Salamanca entró en territorio español de forma ilegal amparado por la policía.

Dicha circunstancia fue lo más destacado de la quinta jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid, después de que la Sala pusiera en conocimiento de las partes un informe del servicio aduanero del puerto de Valencia--lo había pedido el letrado Francisco Gómez Llorente--que revela que el día 10 de octubre de 2007 la UDYCO de Valladolid solicitó su colaboración a los efectos de controlar los movimientos de un contenedor sospechoso procedente de Colombia.

En él la policía, al objeto de no entorpecer la investigación, solicitaba a la autoridad portuaria que permitiera la salida del contenedor en cuestión, y eso a pesar de que quien fue a recogerlo, Pedro Domingo F.R, uno de los presuntos cabecillas, no estaba autorizado por no contar con poderes ni ser el representante legal de la empresa que figuraba como destinataria de la mercancía.

De este modo la carga, como así entienden las defensas, salió ilegalmente del puerto valenciano y siguió ruta por carretera hasta Salamanca, en el marco de una entrega controlada realizada por la Policía Nacional que no contó con ni con el conocimiento ni con la autorización judicial del juez de Instrucción 4 de Valladolid, pues en la causa que se está juzgando no figura por ningún lado el auto del juez facultando dicha operación.

DESCONOCIMIENTO

Del resto de la prueba practicada en esta quinta jornada destaca el testimonio del empresario José María de la R.P, titular de 'Revestimientos y Cubiertas' S.L., quien negó haber mantenido una relación comercial con Pedro Domingo F.R. (alias 'José Luis'), contrariamente a lo declarado por este último, y aseguró que le conocía únicamente por haber coincidido con él en partidas de cartas y porque el procesado le debía 1.100 euros.

Aunque Pedro Domingo F.R. había dicho que era su socio en el negocio de importación de muebles y maderas de Colombia, el empresario, que no figuraba como imputado, insistió en su desconocimiento de tal actividad y acusó a 'José Luis' de haber utilizado su empresa como tapadera tras hacerse con el CIF de la misma a sus espaldas.

"No le facilité ningún dato de la sociedad, me imagino que lo habrá cogido de la nave", apuntó el testigo, quien detalló que para cobrarse la deuda de los 1.100 euros se limitó a poner a Pedro Domingo F.R. en contacto con varios empresarios de la ciudad pues el procesado pretendía, por un lado, vender muebles, y, por otro, comprar motores usados, sin saber el declarante que el mobiliario procedía de Colombia ni que los propulsores tenían idéntico destino.

Su testimonio, sin embargo, fue contradicho por los representantes de las dos empresas aludidas, ya que ambos aseguraron haber negociado directamente con José María de la R. y recordaron que éste era perfecto conocedor de dónde venían los muebles y a dónde se exportaban los motores.

Finalizada la prueba testifical, el juicio se reanudará el próximo día 29 de enero, fecha en la que se practicará la prueba pericial y se iniciará la escucha de las grabaciones telefónicas obtenidas por la Policía Nacional de los 'pinchazos' efectuados a parte de los detenidos.

De entre ellos, los supuestos cabecillas, Pedro Domingo F.R. y José Migue C. (alias 'Chori'), podrían ser condenados a penas de 16 años de prisión y al pago de multas por importe de 8.910.000 euros, mientras que para los otros seis restantes el Ministerio Fiscal solicita penas de 11 años y multas de 2.970.00 euros.