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VITORIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un informe encargado por la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco propone "revisar" la cuantía de las indemnizaciones para víctimas de abusos policiales, con el fin de evitar que estas ayudas --que pueden llegar a los 390.000 euros-- resulten "discriminatorias" respecto a las previstas en la ley estatal de damnificados por el terrorismo.
Esta sugerencia aparece recogida en el 'Informe base sobre continuidad de las políticas de reparación y reconocimiento a las víctimas', elaborado por los profesores Jon Mirena Landa y Galo Bilbao, recogido por Europa Press.
El estudio, remitido al Parlamento a petición de UPyD, hace referencia a un decreto sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por fuerzas policiales y parapoliciales en el contexto de la lucha antiterrorista. Éste fue aprobado en 2012 por el anterior Gobierno vasco (PSE), y se circunscribía al periodo comprendido entre 1960 y 1978. El actual Ejecutivo del PNV tiene previsto ampliar la cobertura de las indemnizaciones a las personas que sufrieron este tipo de abusos desde 1978 hasta la actualidad.
El estudio de estos dos profesores considera que cerca de un millar de ciudadanos podrían haber sufrido vulneraciones de derechos humanos por parte de fuerzas policiales y parapoliciales en estos últimos 50 años, por lo que podrían acogerse a estas indemnizaciones.
El cálculo, tal y como se indica, se basa en el llamado 'Informe Base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)', presentado el año pasado por el Gobierno autonómico. Este trabajo cifraba en, al menos, 94 muertos y 746 heridos causados por las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE). No obstante, Landa y Bilbao recuerdan que en ese cómputo no se incluían los casos de tortura.
"EQUIDAD"
En el informe se destaca que "los derechos debidos a las víctimas habrán de satisfacerse desde una perspectiva de equidad hacia todas las que han sufrido violaciones similares, independientemente de otras circunstancias que nunca pueden ser aducidas para la aplicación de injustas medidas discriminatorias". De esa forma, se precisa que "hay que evitar que predominen las razones legales o políticas que distorsionen dicho reconocimiento y el consecuente trato hacia las víctimas".
Los autores del estudio consideran que la cuantía de las indemnizaciones recogidas en el decreto actual --de 135.000 euros para familiares de fallecidos y de 390.000 euros para personas con secuelas graves, entre otros supuestos-- "deberían revisarse", con el fin de que esas sumas "no resulten discriminatorias" respecto a las previstas en la ley estatal de víctimas del terrorismo, que, entre otras compensaciones, recoge indemnizaciones de 250.000 euros por fallecimiento y de 500.000 euros para casos de gran invalidez.
TORTURAS
Por otra parte, recomiendan que se amplíe el concepto de lesiones a las que se refiere el decreto. Los autores del informe lamentan que la norma deje fuera "aquellos casos de tortura o malos tratos sin resultado", así como las violaciones de derechos humanos "constatables y muy graves", pero que no dejaron secuelas permanentes.
Aunque destaca que estos casos también deben ser tenidos en cuenta "a efectos de reconocimiento", el informe señala que habrá que determinar en cada supuesto si para estas situaciones se concede o no una indemnización.
Asimismo, se menciona la conveniencia de que la normativa reconozca "el olvido institucional al que estas víctimas han sido sometidas", así como a la necesidad de que la regulación legal al respecto "sirva también de reparación simbólica --no sólo personal indemnizatoria-- como forma del necesario reconocimiento y ejercicio de justicia".
Landa y Bilbao subrayan que hay que incidir en "la necesidad de cumplir con el compromiso político pendiente de avanzar más allá del periodo 1960-1978". En este sentido, proponen que la cobertura normativa abarque hasta el 31 de diciembre de 2013.
FISCALÍA
Otra de las sugerencias apunta a que se evalúe la posibilidad de que los expedientes sobre vulneraciones de derechos humanos que reciba la comisión encargada de valorar cada solicitud puedan remitirse a la Fiscalía con el fin de investigue los hechos.
Además, se plantea que los poderes públicos, con "el necesario respeto a la identidad de las víctimas" y aunque sin identificar de forma "individual" a los "perpetradores" de los abusos, difundan los hechos que se hayan puesto en conocimiento de la mencionada comisión con el fin de que la sociedad tenga conocimiento de ellos.
Los autores del informe consideran que lo ideal sería que todas estas recomendaciones, así como los contenidos del actual decreto, se incluyeran en "un instrumento legal del máximo rango".
No obstante, reconocen la dificultad "política" de lograr un consenso suficiente para sacar adelante una ley sobre la materia, por lo que indican que otra vía sería modificar el decreto actual y aprobar uno nuevo que amplíe el marco temporal hasta la actualidad. También aluden a la posibilidad de diseñar un nuevo decreto "que subsuma el actual, superando sus deficiencias y ampliando sus límites".
