El 'cabecilla' pagaba a integrantes de la organización en Rusia 1.500 euros por mujer, a las que también "sobornaba" para orgías
ALMERÍA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Siete de las 15 personas imputadas en la provincia de Almería por su implicación en una red de prostitución que trajo a España unas 6.000 mujeres de nacionalidad rusa a las que obligaban a prostituirse en clubes de alterne están ya ingresadas desde el sábado pasado en el centro penitenciario de El Acebuche (Almería).
Fuentes policiales precisaron a Europa Press que los Juzgados de Instrucción número 3 de Almería, número 1 de Roquetas de Mar y número 4 de El Ejido decretaron prisión incondicional para Artur F., alias 'Zakirov', de 35 años, nacionalidad rusa y principal cabecilla; José Manuel J.A., de 35 años y natural de Barakaldo (Vizcaya); Ianna F., de 39 años y origen ruso; José Fernando L.G., de 37 años y natural de Almería; Svetlana U., rusa de 28 años; Gabriel E.F., de 30 años y natural de Almería; y Natalia K., de 32 años y nacionalidad rusa.
Los siete están imputados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, de lucro y coacción a la prostitución y de blanqueo de capitales por su participación en la red.
En la provincia de Almería hay otras ocho personas imputadas, de a las que dos --Viktoriya F., de 36 años y nacionalidad rusa, y Antonio Manuel M.M., de 47 años y natural de Roquetas de Mar-- se les atribuyen los mismos delitos que a los anteriores, mientras que las otras seis son mujeres de nacionalidad rusa que trabajaban como camareras en los clubes y "contribuían" a la "explotación" de las mujeres.
Todas las detenciones se efectuaron el pasado jueves y de forma simultánea en las provincias de Granada y Lleida, donde también se "enviaban" chicas. En Almería se detuvo a 45 mujeres, todas de nacionalidad rusa, que se encontraban en situación irregular en España y que esperan en distintos centros de la provincia para ser repatriadas a su país.
'CABECILLA'
El cabecilla, Artur F., era el encargado de contactar en Rusia, país desde el que se dirigían y controlaba la red, con las agencias de viajes que captaban a las chicas, pagando 1.500 euros por cada una que venía a España. Posteriormente, eran "entregadas" a los locales por una suma en torno a los 2.000 euros y, además, Artur F. obligaba a las chicas a reembolsarle los 1.500 euros que había pagado por ellas.
Las mujeres eran informadas de que venían a trabajar en clubes de alterne en España y, una vez aquí, eran obligadas a mantener relaciones sexuales con los clientes --por unos 120 euros-- e incluso "sobornadas" para participar en orgías por las que se les pagaban 100 euros, misma cantidad que se les "descontaba" si se negaban.
Durante los tres años que ha operado esta red en España, los investigadores han podido concretar envíos de dinero a Rusia, a través de diversas agencias, estimados en un millón de euros.
Por otra parte, el patrimonio acumulado por la familia de Artur F. --cuya mujer, cuñada y cuñado también están imputados--, es abundante. Junto con su cuñada y hermanos son titulares de diversos inmuebles y vehículos de alta gama, y disponen de varias cuentas bancarias con un saldo superior a los 70.000 euros. Ninguno de ellos desempeña actividad laboral alguna y su única fuente de ingresos proviene de la explotación de las mujeres de su misma nacionalidad.
SEGUNDA FASE DE LA OPERACIÓN 'ZARPA'
Las detenciones practicadas el pasado jueves se enmarcan dentro de la segunda fase de la denominada 'operación Zarpa', ordenada en noviembre de 2006 por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de El Ejido, Ana Farinas Gómez, tras detectar reiterados envíos de dinero a Rusia.
En abril de 2007, dentro de la primera fase de la operación, fueron imputados otros 13 integrantes de la organización y se detuvo a otras 47 mujeres de nacionalidad rusa por estancia ilegal en España tras desmantelar tres clubes de alterne de El Ejido y dos de Roquetas de Mar.
Según informó la Jefatura, las mujeres, captadas en Rusia a través de agencias de viajes, eran trasladadas por diferentes vías y, en ocasiones, con documentación previamente manipulada o totalmente ficticia, hasta los clubes de alterne, donde eran obligadas a ejercer la prostitución y depositar la totalidad de las ganancias en "la caja del club".
El control sobre las prostitutas era "tan férreo" que debían solicitar autorización para cualquier salida, por la que se fijaba una cantidad y añadió que "realizaban su trabajo sin ningún tipo de contrato laboral, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, sin horario y sin respetar las condiciones laborales mínimas", viviendo como "auténticas esclavas" incurriendo en las prácticas perseguidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y definidas en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños.
