Ingresan en prisión los responsables directos de la mayor estafa inmobiliaria ocurrida en Madrid, la CPV

Actualizado: jueves, 17 enero 2008 13:45

El fiscal solicitó ayer medidas restrictivas de libertad por la gravedad de las penas y el riesgo de huida gracias al dinero estafado

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el ingreso en prisión incondicional del director general de la Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), Francisco García Moreno, sus dos hijos y administradores de la sociedad, Francisco Javier y Miguel Ángel, y un amigo de éstos, Miguel Ángel Morillo, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.

Los responsables de la inmobiliaria permanecían desde el pasado martes detenidos en la Comandancia de Tres Cantos de la Guardia Civil ante el riego de fuga por las elevadas penas que tenía previsto imponer la sentencia de la Sección Decimoquinta sobre el 'caso CPV'.

Desde abril de 2007 hasta el pasado septiembre, el tribunal enjuició la responsabilidad de seis acusados en la macroestafa destapada en 2000 a raíz de una denuncia de la Junta de Compensación del PAU de Sanchinarro, que detectó la circulación de escrituras falsas de terrenos.

En un fallo notificado ayer, contra el que cabe recurso, la Sala condenó a 41 años de prisión y a pagar una indemnización de más de 118 millones de euros a los autores materiales que llevaron a la ruina a 1.889 familias madrileñas. A García Moreno se le impuso una pena de diez años y medio de cárcel por un delito continuado de estafa agravada y otro de específica, mientras que a sus hijos y a Morillo ocho años y medio por las mismas infracciones penales.

Después de dar a conocer la sentencia, la Sección encargada del caso celebró una vistilla, a la que asistieron los detenidos, para que el fiscal y las partes personadas, abogados defensores y acusaciones, se pronunciaran a favor o en contra de la imposición de medidas restrictivas de libertad.

SOLICITUD DE CÁRCEL

Así, el fiscal solicitó a los magistrados que decretaran el ingreso en prisión de los cuatro detenidos, argumentando la gravedad de las penas impuestas y la posibilidad de su huida gracias al dinero que estafaron a los afectados. No obstante, los administradores de CPV se han declarado ya insolventes.

Durante la vista, los condenados se mostraron cabizbajos y con un semblante visiblemente serio. Fueron trasladados a primera hora de la mañana a las dependencias de la Audiencia desde la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.

En su turno de palabra, declinaron realizar cualquier tipo de comentario, excepto uno de los hijos de García Moreno. "Hemos tenido suficiente tiempo para hacer cualquier cosa", aseveró Francisco Javier García Sánchez, en alusión al riesgo de fuga esgrimido por el fiscal.

Por su parte, los abogados defensores recriminaron al representante del Ministerio Público que "ni las penas son tan graves ni tienen todo ese dinero para eludir la prisión". "No existe ningún dato objetivo que sustente que quieran evitar la acción de la Justicia. La solicitud fiscal está adoptada desde parámetros subjetivos", espetó uno de los letrados.

DENUNCIA DE LA JUNTA DEL PAU DE SANCHINARRO

Este procedimiento se inició en febrero de 2000, cuando la propia Junta de Compensación del PAU de Sanchinarro interpuso una denuncia, al comprobar que estaban circulando escrituras falsas de propiedad sobre estos terrenos. La causa llegó a archivarse en 2002 cuando los responsables de CPV presentaron un supuestos aval que garantizaba la devolución de las cantidades. La Junta de Sanchinarro recurrió esta decisión y el caso siguió adelante.

Al conocer el fallo, el abogado denunciante, Gonzalo Martínez-Fresneda, se mostró ayer claramente "satisfecho" con las condenas impuestas por la Sección Decimoquinta, recordando el daño que causó la estafa a las miles de familias que perdieron sus ahorros.

Por su parte, el abogado Luis García Botella, que representa a 300 afectados, adelantó a los periodistas que la mayoría de sus clientes se mostrará a favor de recurrir el fallo, puesto que "no se ajusta a la petición máxima de 15 años de cárcel" solicitada por su acusación.