Interior actualiza el protocolo de detención policial para exigir "máximo respeto" con colectivos LGTBI, trans y menores

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha actualizado el protocolo de detención policial mediante la Instrucción 1/2024 sobre los derechos que asisten al ciudadano tanto en el momento de su arresto como durante su posterior custodia en dependencias policiales, con especial atención a "colectivos vulnerables" entre los que cita a personas LGTBI, trans y menores, para los que exige "máximo respeto y erradicación de cualquier situación que pueda suponer discriminación".

Una de las principales novedades consiste en establecer que la detención deberá llevarse a cabo previa valoración de su oportunidad y necesidad, "de modo que no debe vulnerar de manera innecesaria otros derechos fundamentales como al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos carácter personal".

Para ello, se tiene que informar al detenido de sus derechos "en un lenguaje comprensible y que resulte accesible", adaptado a consideraciones como su edad, grado de madurez, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal que pueda suponer una limitación.

Según Interior, se trata de un "procedimiento integral" de obligado cumplimiento para agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya que integra en un único instrumento jurídico "más preciso y moderno" hasta trece normas anteriores que se remontan a 1983, que quedan ya derogadas.

El contenido de dicha instrucción integra, según el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, "los más recientes criterios fijados por los tribunales Supremo, Constitucional y Europeo de Derechos Humanos, así como la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial y el Defensor del Pueblo".

PERSONA INVESTIGADA NO DETENIDA

El Ministerio ha destacado que, con vistas a respetar derechos fundamentales como el honor y la protección de datos carácter personal, el protocolo hace referencia expresa a la "figura de la persona investigada no detenida como medida de actuación alternativa a la detención, en función de las circunstancias concurrentes en el caso y de acuerdo con lo previsto en la legislación procesal vigente".

Además, recalca algunas "particularidades" que deben respetarse en el caso de personas detenidas que pertenezcan a colectivos vulnerables, entre las que menciona la obligación de información al detenido de sus derechos, de los hechos que se le atribuyen y de las razones que motivan su privación de libertad.

Esta información se debe realizar "en un lenguaje comprensible y que resulte accesible, adaptado a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita".

En el caso de los miembros del colectivo LGTBI, y en particular las personas trans, la instrucción incorpora las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos al objeto de garantizar el "máximo respeto y erradicación de cualquier situación que pueda suponer discriminación en función de la orientación sexual, identidad de género o características sexuales de la persona arrestada".

Si la persona detenida es menor de edad, la instrucción recupera el 'Protocolo de actuación policial con menores' actualizado en 2017, con la prevención de que a los detenidos de entre 14 y 18 años la actuación policial se ajustará al procedimiento específico regulado en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como a las instrucciones recibidas de la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal. Es decir, estará prevalecerá el principio de interés superior del menor.

ESTADO EMOCIONAL Y TRATO A EXTRANJEROS

La instrucción también prevé la adopción de medidas específicas o adicionales durante la custodia de las personas detenidas para garantizar su adecuado tratamiento y/o seguridad en función de factores tales como su estado físico o emocional, el presunto delito cometido u otros indicadores que deben ser tomados en consideración por los y las agentes de custodia para adoptar las medidas más adecuadas en cada caso para prevenir conductas autolíticas o de autolesión.

A los ciudadanos extranjeros arrestados por la existencia de indicios de la comisión de un delito se les aplicará el mismo protocolo de detención recogido en esta instrucción, que prevé además la coordinación de actuaciones con las autoridades consulares del país de origen y la asistencia gratuita de un intérprete.

El protocolo también alcanza a la conducción a dependencias policiales y se adapta a situaciones específicas como mujeres gestantes y otras personas necesitadas de especial atención y protección. La intención de Interior es someter a revisión periódica a estas normas para, según dice, garantizar un "adecuado nivel de seguridad jurídica a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y a las personas afectadas por un arresto policial".