Interior justifica la identificación de asistentes a una concentración pro Garzón por ser ilegal y ante el Supremo

EUROPA PRESS

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asegura que no existe ninguna orden para identificar a los participantes en manifestaciones, pero ha admitido que se tuvo que proceder a tomar datos el pasado 24 de enero en una concentración en apoyo al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ya que no se había convocado de acuerdo con la legalidad y además se desarrollaba ante el Tribunal Supremo.

El Ejecutivo responde así a una pregunta del portavoz de Interior de la Izquierda Plural en el Congreso, Ricardo Sixto, quien pedía explicaciones por la actuación policial ante esa concentración celebrada el mismo día que Garzón comenzaba a ser juzgado por haberse declarado competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.

Según explicaba el diputado, aquella concentración fue "pacífica" y pese a ello agentes policiales identificaron a varias personas asistentes e incluso presentaron una denuncia contra una de ellas, susceptible de acabar en multa.

NO HAY MOTIVO JUSTIFICADO

"No parece que haya ningún motivo justificado" para ello, denunciaba Sixto cuando presentó su interrogante, máxime cuando, según apunta, "en ningún momento" los asistentes a dicha manifestación --entre ellos la plataforma 'Solidarios con Garzón' y representantes de las Asociaciones de Memoria Histórica--, alteraron el orden público más allá del grito de consignas. En la misma también se dieron cita, entre otros, el coordinador general de IU, Cayo Lara, y su diputado por Asturias, Garpar Llamazares.

En su respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno comienza dejando claro que la concentración no fue comunicada a la Delegación del Gobierno en Madrid y que, en consecuencia, la Jefatura Superior de Policía estableció las medidas que consideró "más oportunas" para evitar cualquier problema de seguridad en la zona, estableciéndose el dispositivo en torno al Tribunal Supremo.

A renglón seguido, el Ejecutivo subraya que las órdenes de los responsables del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid fueron atenerse "en todo momento" a los dispuesto por la Ley. "Desde la Jefatura Superior no se han impartido órdenes sobre identificaciones en ningún término, ya que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana es suficientemente explícita al describir los casos en los que éstas se pueden realizar por miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", explica.

EL PROCEDER DE LA POLICÍA

El Gobierno precisa que a los concentrados en la calle Marqués de la Ensenada, "unas 25 personas", se les informó de que estaban vulnerando lo establecido en la Ley reguladora del derecho de reunión al no haber informado de la citada convocatoria y apunta que se actuó de la misma forma con otro grupo de unas 40 personas que se manifestaba frente a la puerta principal del Supremo, "procediéndose a la filiación de los participantes".

Y añade, en el caso de las infracciones administrativas, que "los funcionarios actuantes" realizan un informe sobre las circunstancias que concurren en los hechos que pueden ser motivo de sanción remitiendo los datos sobre los asistentes, hechos en los que participan los concurrentes y circunstancias suscitadas, "siempre vinculando los hechos con el testimonio del policía que presencia las situaciones".

El informe en cuestión, continúa el Gobierno de Mariano Rajoy, se eleva a la Delegación del Gobierno que es la que finalmente incoa, si procede, expediente sancionador de conformidad con la legislación vigente.