Interior unificará toda la normativa sobre víctimas del terrorismo en una Ley de Protección Integral

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno unificará toda la normativa existente en torno a las víctimas del terrorismo en un sólo texto que espera aprobar en la presente legislatura. Esta Ley de Protección Integral pretende servir para "garantizar una reparación integral a las víctimas, mejorando el dispositivo legal vigente", ya sea en cuanto a indemnizaciones, tareas asistenciales o de reconocimiento de la figura en sí, anunció hoy el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su primera comparecencia de la legislatura ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

Según el titular de Interior, la nueva Ley reconocerá "nuevos derechos sociales", mejorará su estatuto en el proceso penal y potenciará el papel de la sociedad en el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Rubalcaba explicó que el texto se encuentra ya "muy elaborado", pero señaló que su intención es negociarlo con los grupos parlamentarios antes de presentarlo.

La intención del Gobierno la pasada legislatura era reformar la Ley de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo, que aprobó el PP en el año 2000, y en eso empleó parte de su tiempo Gregorio Peces-Barba como Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Sin embargo, ni siquiera se intentó consensuar el texto con el PP alegando desde el Ejecutivo el clima de confrontación que se vivió durante los cuatro años, especialmente en lo referente al terrorismo de ETA.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ocupan una parte importante de este ímpetu reformista. Según el ministro, el primer texto que se aprobará será la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía, que llegará al Congreso previsiblemente antes de agosto y que pretende adecuar la definición de infracciones, agilizar los procedimientos y aplicar los cambios introducidos por el nuevo Estatuto Básico de los Empleados Públicos. La Ley de Personal de este Cuerpo reviste mayor complejidad, añadió, y será objeto de debate con los sindicatos policiales.

También habló de la Ley de Personal de la Guardia Civil, "muy trabajada" en estos momentos. El objetivo es adecuarla a la recientemente aprobada Ley Orgánica de Derechos y Deberes, que reconoce el asociacionismo en el Cuerpo, al tiempo que establecerá un sistema de ascensos más basado en el mérito y la capacidad que en la antigüedad. En este sentido, se procederá a crear una única escala de oficiales.

Estos cambios y otros efectuados la pasada legislatura obligarán a retocar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aprobada en 1986. Una nueva Ley de Seguridad Privada regulará las competencias de las comunidades autónomas en el sector, habilitará a los nacionales de otros países para trabajar e intensificará los controles.

En cuanto a la seguridad vial se va a modificar la Ley para que las sanciones impuestas por la Guardia Civil se ejecuten en "un tiempo razonable". Otra reforma afectará a la Ley Reguladora de Derecho de Asilo, con el objeto de aplicar las directivas comunitarias, mientras que una Ley de Protección Civil establecerá los mecanismos de colaboración entre administraciones.

En materia de Prisiones, se reformará la Ley General Penitenciaria para adecuar su contenido a las numerosas modificaciones que se han producido en el sistema penal, mientras la Ley de Cuerpos Penitenciarios intentará regular con eficacia el desarrollo de su trabajo.

Igualmente, Rubalcaba se refirió a la modificación de la Ley de Extranjería para aumentar el periodo máximo de internamiento en los Centros de Extranjeros desde los 40 días actuales a otro plazo que no concretó. En todo caso, explicó que resultaba muy complicado realizar los trámites de identificación de los inmigrantes en el plazo actual, especialmente cuando se trata de irregulares llegados de países tan lejanos como son los asiáticos.

500 POLICÍAS ANTITERRORISTAS MÁS.

También en el capítulo de anuncios, Rubalcaba prometió 500 agentes nuevos para los Servicios de Información que combaten el fenómeno terrorista, otros 800 más para su especialización contra el crimen organizado y, finalmente, estableció en una subida de 1.848 efectivos los dedicados a lucha contra la violencia de género si se toma como referente el año 2004. La cifra de miembros de Policía y Guardia Civil que debe alcanzarse esta legislatura, según el cálculo del Gobierno, es de 140.000 agentes.

Además de crecer en el número de agentes, el ministro del Interior prometió más formación, especialización, medios técnicos y subidas salariales. Para esta última cuestión, dijo que "inmediatamente" (la semana siguiente o la próxima) se convocará a los sindicatos policiales --y a las asociaciones de Guardia Civil cuando se elija el Consejo que las agrupe--, aunque insistió en que no se abordará la equiparación con las policías autonómicas.

Rubalcaba tachó de inconstitucional que el Gobierno tenga que aplicar los mismos criterios para pagar a policías y guardias civiles que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid para establecer el sueldo de los agentes municipales o la Generalitat de Cataluña para el de los Mossos. Se mostró partidario de que ganen lo mismo, pero insistió en que si se equipara a los policías con los mossos y a éstos previamente se les igualó con los bomberos de la Generalitat, cualquier cambio en la cadena volverá a producir desigualdad y "no se terminará nunca".