Actualizado 13/09/2007 19:57

IU apoya que se acelere la aprobación de la Ley de Comercio de Armas e insiste en prohibir las bombas de racimo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo de IU-ICV en el Congreso de los Diputados, Joan Herrera, respaldó hoy la iniciativa impulsada por Greenpeace, Amnistía Internacional e Intermón Oxfam para acelerar la aprobación definitiva de la Ley de Comercio de Armas, al tiempo que incidió en que hay que prohibir la fabricación y venta de bombas de racimo

Herrera señaló en un comunicado que IU-ICV ha estado muy activa durante toda la legislatura en la reivindicación de esta ley y en la denuncia de la fabricación y exportación de munición de dispersión o racimo. En ese sentido, recordó que su grupo parlamentario registró el pasado 24 de mayo una proposición no de Ley sobre la producción, uso, transferencia y almacenamiento de municiones de dispersión en la que se insta al Gobierno a prohibirlas.

El portavoz de ICV reclamó al Gobierno que prohíba la fabricación y exportación de bombas de fragmentación y de racimo, para cumplir así con el compromiso contraído por España el pasado 23 de febrero, cuando suscribió una declaración fruto de la Conferencia de Oslo dirigida, entre otras finalidades, a adoptar en 2008 un instrumento internacional legal y vinculante que prohíba el uso, producción y almacenamiento de las municiones de dispersión o racimo que provocan daños irreparables entre la población civil.

El diputado ecosocialista aseguró que España sigue fabricando y exportando bombas de racimo y de fragmentación, apoyándose en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo, en la que da cuenta de las exportaciones de estos artefactos "en los últimos cinco años". "Se han autorizado únicamente, con fecha 8 de julio de 2005, la exportación de 2.100 unidades de granadas de mortero anticarro MAT-120 SC (bombas de fragmentación), con destino a las Fuerzas Armadas de Finlandia. La empresa española exportó 70 unidades en el año 2005 y 365 en el primer semestre de 2006 con cargo a esta licencia", según el Gobierno.

Herrera interpretó que la respuesta del Ejecutivo refleja que "es plenamente consciente de los efectos de estas bombas, especialmente sobre la población civil, de ahí que la única exportación autorizada haya tenido como usuario final, y para su propio uso, las Fuerzas Armadas de un país aliado miembro de la Unión Europea".

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