IU estudiará un posible "fraude de ley" en la carretera de Santa Catalina (Murcia) donde se prevé construir apartamentos

Actualizado: jueves, 4 enero 2007 18:54

Destaca "la coincidencia de que los que se benefician son amigos del PP", que sigue la política de que "el que no se enriquece es tonto"

MURCIA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de IU en el municipio de Murcia, Esther Herguedas, puso hoy en conocimiento la existencia de un nuevo caso de "fraude de ley" existente en la carretera de Santa Catalina, en donde "se observa un cartel que prevé la construcción de un complejo geriátrico residencial y la construcción de apartamentos, estudios y plazas de garaje, en un terreno de calificación de equipamiento de ámbito local", por lo que aseguró que se va a estudiar.

Se trata de un cartel que se encuentra en un terreno ocupado por el antiguo colegio Valle Inclán, que "con una propaganda descarada, anuncia un complejo geriátrico, pero más abajo, se lee 'Próxima construcción de apartamentos, estudios y plazas de garaje'".

Al respecto, Herguedas dejó claro que "no se descarta llevar algunos de los casos --detectados por IU y que están siendo analizados-- a la Fiscalía, una vez que estudiemos las posibilidades que tiene para que prospere una demanda por vía judicial".

Y es que, a juicio de Herguedas, "es una cuestión de fraude de ley, ya que el PGOU prevé una serie de espacios destinados a equipamientos sobre suelo y, de repente, cambia el uso de esos equipamientos para vivienda de manera encubierta".

Por todo ello, denunció el hecho de que "no exista control sobre este tipo de actuaciones, ya que se trata de promotores privados los que llevan a cabo el proyecto y dicen lo que van hacer, saliendo al final una venta encubierta de viviendas".

LOS 4 PEORES AÑOS EN MURCIA.

Así, el miembro de la Presidencia de IU en Murcia, Pedro Marset, consideró que la lógica que pone en marcha el PP es la del "máximo beneficio para la iniciativa privada, en detrimento del uso público tanto suelo como recursos"; una lógica que "está por encima de todo".

"Da la feliz coincidencia de que los que se benefician son amigos y colaboradores del PP", remarcó Marset, quien hizo hincapié en que "el problema es que no hay ninguna conciencia de responsabilidad y utilidad pública, sino una conciencia de que aquí, el que no se enriquece es tonto, a fin de poder hacer el máximo negocio en el menor tiempo posible".

De igual modo, dejó entrever que "es casualidad, justamente, que los cuatro años en que IU no ha estado presente en el Ayuntamiento de Murcia, han sido los peores en cuanto al respeto a la legalidad en el municipio", por lo que advirtió que "una vez entremos, vamos hacer lo imposible para que esto no se pueda dar".

En opinión de Marset, la razón para esta especulación urbanística radica en tres causas. En primer lugar, "la continua recalificación del suelo"; "la presión que hacen las entidades financieras para poder estar haciendo negocios con la recalificación continua", y, por último, "el abuso que se hace de la mano de obra precaria en la construcción".

"El hecho de que el PP se haya volcado en el modelo del ladrillo con la cortina de humo del 'Agua para Todos' convierte a sus ayuntamientos en sumisos servidores de este fenómeno", remarcó Marset, quien denunció "el conjunto de disparates urbanísticos que se han hecho a través de filántropos como el promotor José López Rejas con el pelotazo que va a dar con la remodelación de La Paz, o los casos de Joven Futura y Nueva Condomina".

En el caso de Joven Futura, con la promoción de viviendas para jóvenes "se exigen una serie de requisitos para su acceso y luego, como son los propios promotores los que las gestionan, reparten según sus propios criterios, no existiendo control cuando este tipo de acciones las realizan manos privadas".

A juicio de Herguedas, "la Administración está haciendo dejación de funciones y debería ejercer mayor labor de control sobre este tipo de cuestiones".

CASOS DETECTADOS POR IU QUE SUPONEN FRAUDE DE LEY.

Herguedas explicó, de forma detallada, los casos que suponen un "fraude de ley de lo que son las garantías de los usos públicos del suelo en Murcia"; casos que "conocemos porque la mayoría están asentados en nuestros domicilios", y aunque cifró en seis los que IU conoce, advirtió que "hay muchos más a lo largo del municipio que convendrían denunciarse".

No obstante, manifestó su temor de que "muchos de los proyectos que se han conseguido paralizar, una vez que se pasen las elecciones, si vuelve a ganar el PP, todo esto empiece a arrancar de nuevo".

Herguedas se refirió también al PGOU, que dicta las normas que corresponden a los espacios destinados a equipamiento siendo sus posibles usos el deportivo, el docente o educativo, y servicios de interés público y social (sanitario, asistencial, cultural, administrativo público, mercado de abastos, religioso, cementerios y defensa y cárceles).

Además, según su especialización funcional, los equipamientos pueden ser Estructurantes (EE) caracterizados por su cobertura sobre un ámbito de escala municipal o supranacional (grandes centros hospitalarios, universidad, auditorios y estaciones, entre otros), grandes equipamientos deportivos (ED) y equipamientos de ámbito local (DE).

Recordó el caso ya denunciado de la calle Cisne, en San Basilio, donde "un cartel en la obra anunciaba la venta de apartamentos", aunque tras la denuncia, "el cartel ya ha sido retirado" pero criticó que "no se haya ofrecido ningún tipo de información sobre las ventas ya realizadas y sus criterios", por lo que aseguró que "estaremos atentos para ver el uso al que se destina el inmueble".

También se refirió al caso del Convento de Santa Catalina, denunciado por la Asociación de Vecinos de Santo Ángel porque "el nuevo inmueble pretende situarse en el huerto del convento de los franciscanos, ya vendido a la empresa Cánovas y Pardo S.L".

Argumentó que "estos terrenos tienen la calificación de Equipamiento Estructurante, pero la excusa es construir un conjunto asistencial que para contar con todos los parabienes necesarios se refunde en un llamado Plan Especial del conjunto de Bien de Interés Cultural de Santa Catalina del Monte, previendo la restauración de edificios y la construcción de una nueva capilla".

Sin embargo, lo que IU denuncia porque "hasta aquí, todo es aparente, es cuando se observa la construcción de siete edificios de módulos o unidades habitacionales compuesto cada uno por una sala de estar, cocina, baño, dormitorio y terraza además de 264 plazas de aparcamiento".

"Ya no se trata de una residencia de ancianos sino de venta encubierta de apartamentos, siendo un proyecto avalado por la empresa Epypsa y el antiguo gerente de Urbanismo, Pedro Morillas", indicó Herguedas, quien dijo que "está en fase de alegaciones".

En el caso de la Arrixaca, denunciaron que en la zona de su entorno --de calificación de EE-- "se construyó un centro comercial, explotado por la empresa Hidracur Siete Ríos, de constructores y personas próximas al PP, tratándose de una ubicación ilegal porque ese suelo no admite este uso".

El aparcamiento y el Centro Comercial de la Arrixaca lo hizo la UTE formada por Urdema S.A, de Santiago Martínez Esparza, "amigo del alcalde de San Javier, José Hernández"; Guifersol, cuyo presidente es Fulgencio Belando, presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción en Murcia (Frecom); Trimtor, cuyo presidente es Miguel del Toro, presidente de la Croem; Construcciones Villegas, de José Manuel Martínez Villegas, vocal de la Cámara de Comercio de Lorca; y Urdecon.

De igual modo, "se prevé una nueva edificación en uno de los pocos espacios libres de la zona, destinados a uso sanitario privado", por lo que advirtió que "estaremos atentos al proyecto"; y, por último, el caso, llevado a la Fiscalía, del colegio Cristo Rey, "por pretender compartir su espacio de equipamiento educativo con un aparcamiento y un hotel".