Su modificación está pendiente desde la anterior legislatura y volvió a ser objeto de polémica por la financiación de la cúpula de Barceló
MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
IU-ICV ha emplazado al Gobierno a que presente en el Congreso de forma inminente la anunciada reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), un compromiso incumplido que colea desde la legislatura pasada.
Para ello, los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Joan Herrera (ICV) --que comparten grupo parlamentario con ERC-- han registrado una proposición no de ley con la que pretenden que la Cámara Baja inste al Gobierno a presentar "en el plazo máximo de un mes" un proyecto de ley de reforma del FAD.
Ese proyecto deberá abordar "como mínimo" una serie de aspectos que enumeran los diputados. En primer lugar, deberá "separar en herramientas distintas la internacionalización de la empresa española y los créditos para el desarrollo".
El FAD, que data de la década de los 70, se creó para favorecer la internacionalización de la empresa española con créditos a países pobres, pero fue ampliando sus objetivos y en la actualidad se emplea también en operaciones de ayuda humanitaria, de emergencia y para contribuciones a organizaciones multilaterales de desarrollo.
Las ONG han denunciado este uso del FAD como una especie de cajón de sastre y advierten de que con estos créditos aumenta la deuda externa de los países en desarrollo.
El Gobierno se defiende asegurando que el porcentaje de créditos FAD concedidos por el Ministerio de Industria y Comercio y vinculados por tanto a empresas españolas es mínimo (un 2,56 por ciento de la AOD en 2007) y se trata siempre de cantidades que el Comité de Ayuda al Desarrollo, el órgano internacional al que tienen que rendir cuentas los países donantes, permite computar como AOD por las condiciones en que han sido prestados.
Aun así, IU-ICV defienden en su iniciativa que los fondos utilizados para apoyar las exportaciones españolas dejen de contabilizarse como AOD y que se abandone "en su totalidad" la práctica de ligar la ayuda a la compra de bienes o servicios españoles, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
El Gobierno ha avanzado que la reforma del FAD incluirá la creación de un fondo exclusivo para la cooperación, desligado de los intereses de las empresas españolas, que gestionará el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES
IU-ICV propone además que se impulse la actuación "socialmente responsable" de la empresa española en el exterior y que se creen instrumentos específicos para las contribuciones multilaterales y para la acción humanitaria que correspondan a las características y requerimientos diferenciados de estos tipos de cooperación.
Desde la aprobación de la Ley reguladora de la deuda externa en diciembre de 2006, que obligaba al Gobierno a presentar un proyecto de reforma del FAD en esa legislatura, los grupos parlamentarios y las ONG se han encargado de recordar al Ejecutivo que éste sigue siendo un compromiso pendiente.
Y si el FAD no estaba ya suficientemente cuestionado, la polémica generada en torno a la financiación de la obra que Miquel Barceló realizó en la cúpula del Palacio de Naciones Unidas en Ginebra fue la gota que colmó el vaso.
A finales del año pasado salió a la luz pública que el Gobierno había costeado parte de la obra con 500.000 euros cargados al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Aunque más de la mitad de la ayuda de los FAD no es Ayuda Oficial al Desarrollo, para el común de los mortales la impresión que quedaba era la de haber pagado con dinero destinado a los países pobres una obra de arte en un palacio en Suiza.
Así lo denunció el PP, cuyo portavoz en la Comisión de Cooperación Internacional, Gonzalo Robles, llegó a decir que con ese dinero se habían dejado de comprar vacunas para los niños en Africa.
El Gobierno intentó justificarse afirmando que esos 500.000 euros se acogieron al artículo 58 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, que establece como uno de los objetivos del FAD la financiación de las aportaciones españolas a organismos internacionales no financieros, en el marco de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Los 'populares' rebaten este argumento indicando que el uso de ese dinero fue irregular porque los 500.000 euros se destinaron a la Fundación Onuart, que es una entidad privada, no un organismo internacional no financiero.
