MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, aseguró hoy que su Grupo Parlamentario llevará esta semana ante el Defensor del Pueblo la Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Administración al considerar que "vulnera los derechos fundamentales de la integridad del territorio", al tiempo que pedirá la comparecencia en el Hemiciclo de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Beatriz Elorriaga, para que explique por qué están paradas las autorizaciones judiciales de los forestales en la Dirección General de Servicios Jurídicos.
Tras escuchar el discurso de Elorriaga en la Comisión de Medio Ambiente que se celebró en el Parlamento regional, Sabanés dijo que la Ley de Medidas Urgentes "vulnera los derechos fundamentales" y denunció que desde que fue aprobada en el pasado mes de julio la normativa está teniendo una serie de consecuencias que han alertado incluso al fiscal de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Emilio Valerio.
Junto a Sabanés y la portavoz de IU en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Reyes Montiel, se encontraban los representantes de los agentes forestales de los sindicatos CC.OO. y UGT, Francisco Javier Cabezos y Miguel Ángel Hontoria, respectivamente, quienes denunciaron que la Ley se aprobó "sin ningún filtro, ni siquiera el del Consejo Económico y Social", por lo que señalaron que la normativa debería llamarse "ley de medidas Urgentes para el Fomento de la impunidad ambiental".
Por ello, CC.OO. emplazó a la responsable autonómica de Medio Ambiente y al presidenta regional, Esperanza Aguirre, a que enumeren "uno a uno los beneficios supuestos que esta ley esta trayendo para el Medio Ambiente y para los seis millones de ciudadanos de esta Comunidad Autónoma".
"Lo que no se puede hacer es derivar a la Dirección General de Servicios Jurídicos las decenas y decenas de peticiones de autorización judicial que llegan a la Consejería, donde están 'esperando' para que podamos llegar a hacer el trabajo que veníamos haciendo desde hace 130 años", subrayó Cabezos, quien apuntó que en este momento "no hay seguridad jurídica, sino inseguridad".
"Es una ley inaplicable, es una locura, un bodrio impresentable que paraliza la inspección, la vigilancia y el control del medio natural de esta comunidad autónoma", apuntó CC.OO.
Por su parte, Hontoria consideró que el PP tiene "inquina y animadversión hacia los agentes forestales" y exigió que la Ley de Medidas Urgentes "se eche abajo" porque es inconstitucional y porque imposibilita a los guardabosques hacer su trabajo. "Los agentes forestales no pueden entrar en el 70 por ciento de las masas forestales que son de propiedad privada. La consejera ha afirmado que van proteger a los ejemplares singulares. ¿Cómo vamos a protegerlos si no se puede entrar en las fincas privadas? ¿Los anfibios o las águilas entienden entre público y privado?", se preguntó.
Hontoria también señaló que si los jueces tienen 200 peticiones de autorización judicial para entrar en un domicilio por violencia de género, por blanqueo de dinero, por drogas, por emigración o por otro delitos "¿Cómo se van a preocupar de facilitar las autorizaciones para estudia cuántos conejos existen en un coto?".
