MURCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El coordinador regional de IU y candidato de IU+LV a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, José Antonio Pujante, pidió hoy el "inmediato cese del alcalde de Águilas, Juan Ramírez" por su relación en el caso de La Zerrichera, además de la "dimisión del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, por la complicidad con los casos de corrupción evidentes que hay en el conjunto de la Región y su falta de valentía".
En el caso del alcalde de Águilas, Pujante puso de manifiesto que "se encuentra imputado en la querella por prevaricación interpuesta por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel López Bernal" por el mencionado caso.
En lo que respecta a Valcárcel, justificó esta decisión ante "la negativa de éste a comparecer y dar una explicación de todo lo que está pasando no sólo con el caso de La Zerrichera, sino que también hay otros precedentes como el del alcalde de Archena, Manuel Marcos Sánchez, que se encuentra imputado; y el de Cieza, Antonio Tamayo".
Asimismo, desde IU+LV se dejó claro su "apoyo" a las actuaciones que está realizando la Fiscalía del TSJ de Murcia, al tiempo que se criticó el "vergonzoso acoso que, por parte del PP, se viene realizando contra las actuaciones de la Fiscalía".
Se trata, en opinión de Pujante, un "acoso indecente" que viene reflejado también en el "anuncio de denuncia que ha hecho el PP contra el fiscal; un acoso mafioso que recuerda a los mejores tiempos del Chicago de los años 20".
Al mismo tiempo, solicitó al PSRM-PSOE que sea "coherente" en los planteamientos que viene realizando, aunque consideró "acertada" la crítica de este partido sobre el caso de La Zerrichera, además de "las iniciativas parlamentarias que están llevando a cabo".
UN DECÁLOGO DE VALCÁRCEL "LIGHT"
Pujante recordó, en esta misma línea, el Decálogo que, en su día, elaboró el presidente de la Comunidad "sobre la transparencia urbanísticas que planteó a la opinión pública y que se comprometió a llevarlo a cabo en aquellos ayuntamientos en donde gobernara".
Así, con respecto al punto uno, que dice que "los expedientes que conlleven una recalificación deben contener una declaración por escrito de los concejales en la que se asegure que ni ellos ni sus familiares se lucrarán con esa modificación; y si coinciden intereses personales deben abstenerse en todo el proceso", expuso que "eso no se ha cumplido en el caso de Águilas y en otros ayuntamientos gobernados por el PP, como el de Cieza y Totana".
En cuanto al punto dos consistente en que "cualquier expediente urbanístico, incluidos los convenios, deben ser colgados en la página web de ayuntamiento, así como en el tablón de anuncios", el coordinador regional de IU denunció públicamente que "no se ha colgado en ninguna página del Consistorio aguileño ninguno de los expedientes".
En lo que se refiere al "lenguaje administrativo sencillo a la hora de redactar los documentos", señaló que "sigue siendo igual de oscuro y falto de transparencia"; y cuando se dicta que "la normativa debe ser lo más accesible para que sea comprendida por todos", igualmente dijo que "no se cumple".
Del punto cinco, que menciona que "debe existir un Reglamento municipal de gestión de convenios", criticó su inexistencia, y el del "Registro municipal de convenios que podrá ser consultado por cualquier ciudadano, tampoco existe y, por tanto, no puede ser consultado".
"No se ha creado un Consejo Municipal Sectorial de Urbanismo para asegurar que los agentes sociales participen en la gestión urbanística, ni se dictó un bando informativo que de cuenta de los expedientes urbanísticos aprobados", indicó Pujante, quien argumentó que "no hay facilidad para las alegaciones de los ciudadanos, porque se facilitan las estrictamente legales".
Del último punto del Decálogo, "de facilitar rápidamente toda la documentación que se solicite en materia urbanística", Pujante comentó que "no se facilita rápidamente, sino tarde, mal y, en ocasiones, no se facilita".
En definitiva, calificó este Decálogo de "light e insuficiente para abordar, de manera consecuente, la lucha contra la corrupción urbanística", ya que, precisó, "ni siquiera el presidente Valcárcel lo cumple, al igual que en todos los ayuntamientos donde gobierna el PP".
PROYECTO "ILEGAL" EN ZONA LIC
En otro orden de cosas, Pujante hizo referencia al complejo "de campo de golf y hotel" de Villarreal, en la Sierra de la Almenara, "que afecta tanto al municipio de Águilas como el de Lorca", puesto que "la Consejería de Industria y Medio Ambiente aprobó la evaluación de impacto ambiental --una irresponsabilidad por parte del PP--, con todos los parabienes de la Dirección General del Medio Natural, en un terreno de Lugar de Interés Comunitario (LIC)".
En este sentido, aseguró que IU "está siendo vigilante con los trámites que se deben de llevar", al tiempo que advirtió que "no se va a permitir que se construya nada en espacio natural protegido y, en caso de que persista y se continúe con el proyecto, que está paralizado, no descartamos emprender acciones jurídicas".
"Esa evaluación prevé la urbanización en zona LIC, denunciada en su día por IU, de unas 2.000 viviendas", puntualizó Pujante, quien remarcó, no obstante, que "ahora, este proyecto está paralizado, ya que el Ayuntamiento de Lorca no lo llegó a firmar".
Y es que, a juicio de Pujante, "el proyecto de urbanización tendría que someterse nuevamente a la evaluación de impacto ambiental y ser comprobado por la propia Consejería de Industria y Medio Ambiente".
En declaraciones a Europa Press, hizo hincapié en que "lo que se permite construir dentro de la zona LIC, según la Declaración de Impacto Ambiental publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) en 2003, es un campo de golf en prácticas con una edificabilidad de 3.000 metros cuadrados, de 36.110 m2, y un hotel, de 21.342 m2"; algo que calificó de "ilegal".