MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
La acusación popular del caso Lezo ejercida por Izquierda Unida ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que no ponga impedimentos al trabajo de las acusaciones populares, después de que no se les permitiera participar plenamente en el desprecinto de la documentación intervenida al presunto cabecilla de la trama, Ignacio González.
La formación, junto con otros colectivos personados la causa que instruye en la Audiencia Nacional, denuncia en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press que, a petición del letrado de Ignacio González, se resolvió en el desprecinto del pasado 5 de junio que no se admitiera "ninguna manifestación" de las acusaciones populares en relación a los hechos porque la dirección letrada de esta acusación, ejercida por ADADE, no estaba presente.
Así se expuso en una resolución del Letrado de la Administración de Justicia que, a juicio de Izquierda Unida, carece de fundamento legal y es "injustificada" porque limita el ejercicio de las acusaciones populares y condiciona su participación al no estar presente la "dirección letrada", la cual, recuerda, "ha sido designada aleatoriamente por el juzgado de forma discrecional".
La formación se refiere a la diligencia que tuvo lugar el pasado 5 de junio cuando se procedió a desprecintar el material incautado en el domicilio del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión incondicional desde el pasado 21 de abril por su implicación en la trama que investiga presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II.
RECURSO DESESTIMADO
Izquierda Unida y el resto de colectivos que integran esta acusación --entre los que se encuentran Equo, Los Verdes y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)-- recurrieron el auto del magistrado Velasco por el cual se acordaba que todas las organizaciones personadas actuaran en el procedimiento bajo una única representación y defensa. El juez, por su parte, desestimó el recurso.
Velasco admitió la personación de Izquierda Unida como acusación popular del caso junto con el PSOE, Podemos y ADADE, y así lo hizo constar en un auto del pasado 10 de mayo. Igualmente entendió procedente admitir como acusaciones particulares a las entidades Canal Extensia y Canal de Isabel II en su condición de perjudicadas por las presuntas irregularidades cometidas por la trama liderada por el expresidente madrileño.
