Exigen que sea orgánica y quiere saber si se aplicará o no a la Iglesia y cómo afectará a la Casa del Rey
MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y parte del Mixto (ERC, BNG y Compromís-Equo) se han reafirmado este lunes en su rechazo al proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la Información y Buen Gobierno, porque lo consideran insuficientes y no se fían de que el Ejecutivo esté realmente dispuesto a mejorarlo incorporando sus aportaciones.
Así lo han asegurado sus distintos portavoces durante sus intervenciones en el debate de las enmiendas de totalidad que habían presentado al texto del Ejecutivo y que se han discutido en el Pleno. Aunque han agradecido a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que haya hecho algunos 'gestos' accediendo a algunas peticiones de la oposición, han explicado que la falta de concreción al respecto, les obligaba a mantenerse en su rechazo al proyecto, que siguen viendo "insuficiente".
Todos ellos han insistido en que la futura norma ha de ser orgánica, es decir, que debe contemplar el derecho de acceso a la información como fundamental, y han remarcado la conveniencia de que el silencio negativo (que permitiría a un ciudadano recurrir si la administración no le contesta pasado un tiempo a su petición de información) se convierta en positivo (por el que se entiende que la no contestación obliga a la publicación del dato demandado).
NO QUEREMOS "REZAR A LOURDES"
En representación de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), su ponente Joan Josep Nuet, ha denunciado que el proyecto gubernamental se basa en el criterio de que "no hay que ser transparentes, pero hay que parecerlo" cuando "la transparencia no es publicidad ni propaganda".
Según ha señalado, a diferencia de CiU y PNV que han retirado sus enmiendas a la totalidad, ellos mantienen la suya porque no quiere tener que "rezar a la Virgen de Lourdes" para que los compromisos del Gobierno se plasmen en la ley. "Hasta ahora ha habido mucho ruido y pocas nueces, y lo quiere la sociedad son nueces", ha sentenciado.
Y esas nueces deben concretarse, a su juicio, en lo relativo a la Casa Real, para que se conozca la agenda de sus miembros, sus negocios y su patrimonio y no se dé a los ciudadanos sólo "las migajas" y, la Iglesia, para detalla en "qué invierte esta entidad privada el enorme caudal público con el que se la mantiene". Respecto al Consejo de la Transparencia, ha reclamado que sea plenamente independiente y lo nombre el Congreso.
TODO EL QUE RECIBA DINERO PÚBLICO
Desde UPyD, su portavoz adjunto, Carlos Martínez Gorriarán, ha negado al Gobierno el "margen de confianza" que sí le dieron otros grupos. "No nos podemos fiar", ha confesado, poniendo en cuestión la verdadera intención de llegar a acuerdos del Ejecutivo. "Ya han metido demasiada fe en la ley de educación, no la metan también en la Ley de transparencia", ha agregado.
Además, se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo sólo quiere una ley "para salir del paso", que va a ser "muy insuficiente". También ha reclamado que todos los organismos que reciban "ayuda pública" den cuenta de lo que hacen con ella.
ACLAREN SUS CORRUPTELAS
Por su parte el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha alabado que la vicepresidenta se haya mostrado abierta a aceptar algunas reivindicaciones de los grupos, pero ya le advirtió de que mientras el PP no aclare los casos de corrupción que le salpican, especialmente el que afecta a su extesorero Luis Bárcenas, los ciudadanos no creerán que hay una verdadera voluntad de ser "transparentes" y hacer una "ley cristalina".
Baldoví subió a la tribuna con unas gafas translúcidas y otras de sol y emplazó a Sáenz de Santamaría a "elegir" entre la "transparencia" o la "oscuridad". El diputado valenciano coincidió con la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, en la conveniencia de aprovechar esta ley para endurecer el régimen de incompatibilidades de los altos cargos y parar su continuo "ir y venir de lo público a lo privado".
El único partido que presentó un texto alternativo al proyecto del Gobierno fue Esquerra Republicana, cuyo portavoz, Alfred Bosch, hizo desde la tribuna un repaso de su propuesta. En ella plantean una rebaja generalizada de los sueldos de los cargos políticos y de los miembros de las instituciones, incluida la Corona. También abogan por prohibir el uso de tarjetas de crédito por parte de cargos públicos, una petición que provocó un rifirrafe entre Bosch y la vicepresidenta.
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