Asegura que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat sobre desarrollo del Estatut se conformará antes de fin de mes
MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, afirmó hoy que los conflictos competenciales entre Instituciones no se deben hacer por "razones político-partidistas", al tiempo que agregó que no se debe utilizar a las Instituciones, a los recursos de inconstitucionalidad y al Tribunal Constitucional "para que resuelva cosas de confrontación partidista". Puntualizó, eso sí, que esto no quiere decir que las partes tengan que estar "de acuerdo siempre en todo" o que no puedan tener alguna discrepancia "interpretativa sobre algún asunto concreto que haya que llevar al Constitucional con la mayor de las lealtades mutuas".
Sevilla respondió así a una pregunta parlamentaria del senador de la Entesa Catalana de Progrés , Carles Josep Bonet, quien se interesó sobre la disposición del Gobierno para resolver los recursos de inconstitucionalidad pendientes interpuestos ante el Tribunal Constitucional contra leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña. El senador subrayó, además, que actualmente hay una "inesperada y renovada conflictividad competencial" entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat, por lo que preguntó al ministro cuándo se conformará la Comisión Bilateral entre ambas administraciones prevista en el Estatut.
Respecto a esto último, Sevilla adelantó que esta comisión estará conformada "antes del final del mes de febrero", al tiempo que explicó que en su seno intentarán anticiparse a la previsión de conflictos, algo que "ayudará a quitar malos entendidos, aclarar mejor las posiciones de unos y otros y reducir la litigiosidad". Asimismo, destacó que no hay que "dramatizar" si en algunos casos no se está de acuerdo y hay que acudir al Tribunal Constitucional, y aseguró no tener la impresión que Bonet quiso trasladar sobre una "grave preocupación" en Cataluña, "ni tampoco sobre una situación de conflictividad creciente".
Así, recordó que él se comprometió en su momento a reducir lo que significaban los recursos pendientes en el Tribunal Constitucional y las impugnaciones, algo que se ha hecho en "más de un tercio". Este dato le llevó a destacar que "no tiene ni punto de comparación la litigiosidad, con todas las CCAA pero especialmente con Cataluña, en esta legislatura comparando con la anterior".
"De hecho, en las últimas semanas hemos visto de todo. Al Gobierno central que renuncia a presentar determinados requerimientos ante normas de la Generalitat, decisiones de ésta sobre no presentar determinados recursos que había quien podía estar defendiéndolos, y lo mejor es desdramatizarlo, sobre todo si estamos convencidos de que las razones que nos llevan a unos y a otros a discrepar son razones legítimas de interpretaciones de textos que a veces no son todo lo claros y precisos que deberían. Esa es la lealtad institucional que se le debe exigir al Gobierno y a las CCAA", argumentó.
"CONFLICTOS HEREDADOS"
El senador Bonet, por su parte, señaló que una vez aprobado el Estatut se esperaba la "inauguración de una etapa de acuerdo y minimización de conflictos, pero de momento, subsisten siete conflictos heredados del anterior Gobierno del PP, más uno de este, todos ellos hechos en el marco del anterior estatuto". Por tanto, afirmó que en Cataluña se tiene la "convicción" de que el Gobierno no ha "trasladado" aún criterios políticos a su Administración para que se cumpla el nuevo Estatut, y denunció prácticas de cierta "prepotencia" que son "claramente incompatibles" con el nuevo texto estatutario.
Asimismo, lamentó que haya leyes que parecen "desconocer" lo recogido en el Estatut sobre competencias, y que incluso a través de "decretos, reglamentos, órdenes y subvenciones se continúa dictando normativa básica que vulnera no sólo al texto catalán, sino también al andaluz". "El actual Estatut ya está en vigor y, si el Gobierno se lo cree, debería ya aplicar no solamente su letra, sino sobre todo su espíritu sin reserva ninguna", añadió. Finalmente, se preguntó que si el Gobierno del Estado y el de la Generalitat, "con la que está cayendo y dada su afinidad política, no se entienden, cómo se pueden entender Cataluña y España".
