MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Francisco de Vitoria (FdV) consideran legal la vía del artículo 150 de la Constitución, que prevé que el Estado podrá transferir competencias a las Comunidades Autónomas, para la eventual convocatoria de la consulta independentista en Cataluña, si bien advierten que se precisaría un acuerdo con el Estado que parece poco probable.
El citado artículo, en su punto dos, señala que el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, "mediante ley orgánica", facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
Para el portavoz de JpD, Joaquim Bosch, la del artículo 150 sería una de las vías para celebrar la consulta soberanista dentro de la legalidad, ya que el referéndum podría autorizarlo el Estado.
"Se trata de que las instituciones puedan llegar a los acuerdos que estimen pertinentes", ha indicado Bosch a Europa Press, quien tras dejar claro que no entra a valorar "ni positiva ni negativamente" el anuncio realizado este jueves por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, considera que se trata de "un problema político de envergadura" hay que llamar al "entendimiento y el diálogo" entre instituciones.
Sin referirse a este asunto en concreto, Bosch considera que el hecho de que "la gente pueda participar en referéndum es síntoma de salud democrática" y que "impedir a toda costa que la gente pueda participar es discutible". "Hay que llamar al entendimiento y al diálogo, hay fórmulas para llegar a entendimiento", ha insistido el portavoz de JpD.
SOLO PUEDE CONVOCAR EL ESTADO
Por su parte, el portavoz de FdV, Marcelino Sexmero, ha señalado que la convocatoria de referéndum "corresponde al Estado y solo al Estado" y que si una Comunidad desea celebrarlo sólo podrá hacerlo si hay pacto. "Si no existe esa autorización lo único que puede hacer es desearlo, es un intento baldío".
En el caso de que a pesar de esta negativa el Gobierno catalán siga adelante, Sexmero advierte que para auxiliar y controlar el proceso se precisaría de la Junta Electoral, que lógicamente no podría ser convocada, por lo que "lo máximo que podrían hacer es poner una urna en la calle y el resultado no tendría ninguna validez, sería una mascarada, un teatro".
