MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Delegación del Gobierno en Madrid recibió esta tarde la comunicación por parte del Partido Popular de la convocatoria de manifestación para el próximo sábado 10 de marzo, bajo el lema "España por la libertad. No más cesiones a ETA", informaron a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.
Según la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, de 1983, la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo.
No obstante, cuando existan causas consideradas "extraordinarias y graves" que justifiquen la urgencia de convocatoria podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas.
Las autoridades deberán notificar posteriormente al Ayuntamiento de Madrid los datos contenidos en el escrito de comunicación, a fin de que éste informe en un plazo de veinticuatro horas sobre las circunstancias del recorrido propuesto. En caso de no recibirse el informe en dicho plazo, el mismo se entenderá favorable.
El informe se referirá a causas objetivas tales como el estado de los lugares donde pretenda realizarse, la concurrencia con otros actos, las condiciones de seguridad de los lugares con arreglo a la normativa vigente y otras análogas de índole técnico. En todo caso, el informe no tendrá carácter vinculante y deberá ser motivado.
No obstante, si la Delegación del Gobierno considera que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podría prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación.
"La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación prevista en el artículo 8, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común", señala la Ley.
De no ser aceptada por los organizadores la prohibición u otras modificaciones propuestas, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia competente, en el plazo de 48 horas, trasladando copia de dicho recurso debidamente registrada a la autoridad gubernativa con el objeto de que aquélla remita inmediatamente el expediente a la Audiencia.
La convocatoria realizada por el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, busca expresar el rechazo de los españoles a la "decisión política" sobre la concesión de prisión atenuada para De Juana Chaos. "En España, ningún gobernante tomó una decisión política sometiéndose al chantaje de una organización terrorista. Jamás. El primero es Rodríguez Zapatero", afirmó Rajoy, al tiempo que exigió al Gobierno que la medida de sea rectificada de inmediato por parte del presidente del Gobierno.
