BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret, pidió hoy a los gobiernos español y catalán un "compromiso serio, con partidas presupuestarias y plazos" para evitar que los jueces hagan huelga el 18 de febrero para reivindicar más recursos materiales, humanos y económicos.
"Los jueces no están cómodos ante una situación de huelga, pero es una forma de llamar la atención de manera espectacular y hacer ver a la sociedad las condiciones en las que ejercen su función de servicio público", explicó Alegret, quien espera que "se imponga el sentido común" y se desconvoque el paro previsto para el próximo mes.
"En los 30 años de democracia, todos los servicios públicos han sufrido cambios sustanciales, menos la Administración de Justicia, y los jueces han decidido que es el momento de cambiar y de que las administraciones se comprometan a pasar de las palabras a los hechos", agregó Alegret.
La presidenta del Alto Tribunal catalán aseguró que no son reivindicaciones personales de los jueces, sino en beneficio de todos, pues con el incremento de recursos se dotará a la ciudadanía de una justicia ágil y de calidad, según ella.
En su opinión, las juntas de jueces y magistrados de ayer ponen de manifiesto el "profundo y unánime malestar" de la judicatura por las "precarias condiciones" en las que deben ejercer su función constitucional, y todos formulan las mismas reivindicaciones, aunque existen discrepancias en el modo de conseguirlas.
En las juntas de las Audiencia de Barcelona y Girona, se aprobó aplazar el paro hasta junio, pero los titulares de los órganos unipersonales de dichas provincias --salvo Figueres (Girona)-- apuestan hacer huelga en febrero, como los jueces de la demarcación de Tarragona, mientras que en Lleida quieren aplazarla.
Sin embargo, Alegret indicó que, en cifras absolutas, 299 jueces de los más de 600 que hay en Catalunya abogan por dar un nuevo plazo al Gobierno y estar pendientes de la evolución de las negociaciones, mientras que 181 se decantaron por el paro de febrero.
Los jueces también discrepan sobre si tienen derecho a hacer huelga o no, un "debate jurídico complejo" que podrá superarse hasta que el organismo competente --aún por determinar-- se pronuncie al respecto. "No hay ninguna norma que diga que no puedan hacer huelga y puede decirse que lo que no está prohibido está permitido", indicó Alegret.