Los jueces de Madrid se reúnen mañana para decidir las protestas a emprender contra Bermejo por la congelación salarial

Tres vocales del CGPJ proponen llevar al Pleno de mañana las reivindicaciones del colectivo

Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 12 febrero 2008 18:36

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los jueces madrileños se reunirán mañana en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla para decidir las movilizaciones a emprender contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por la congelación salarial que sufren a consecuencia de la subida del 0,5 por ciento del complemento de destino, que representa el 60 por ciento de su retribución.

La convocatoria de la carrera judicial, que se produce a nivel nacional, corre a cargo de la Comisión Interasociativa Permanente, integrada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI).

Las asociaciones judiciales exigen al titular de Justicia que jueces y magistrados reciban las pagas extraordinarias como el resto de la función pública, es decir, que se equiparen a las pagas ordinarias, que tienen una subida del 2 por ciento. Entre sus primeras medidas, la Comisión ha instado a los jueces a que ninguno sobrepase el 100 por ciento de su trabajo asignado.

El Poder Judicial no es ajeno a las demandas de los jueces. Así, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López, Juan Pablo González y Agustín Azparren han propuesto llevar al Pleno que se celebrará mañana las reivindicaciones de la carrera judicial, informaron hoy fuentes del Consejo.

José Antonio Ballestero, miembro de la Ejecutiva Nacional de la APM, manifestó a Europa Press que el Ministerio que preside Bermejo dispensa "un trato desfavorable" a los jueces al no incluir en las nóminas el complemento de destino. "El concepto retributivo más importante es este complemento. Esta subida supone una pérdida bestial del poder adquisitivo --ya que el IPC está subiendo por encima del 4 por ciento--", denunció.

"El resto de la función pública lleva íntegro en su sueldo el complemento de destino, mientras que nuestras pagas no lo incorporan", se quejó Ballestero, quien acusó al Ministerio de Justicia de "incumplir sus compromisos". Así, recordó que el 28 de noviembre el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, se comprometió a equiparar las pagas extraordinarias con las ordinarias, aunque finalmente el departamento de Bermejo acordó la subida del 0,5 por ciento del complemento, en contra de lo prometido.

"Queremos ir poco a poco. Queremos que haya cordura y que el Ministerio tenga la misma prudencia que tenemos nosotros. Si entramos en una dinámica de presión, podrían convocarse movilizaciones", advirtió el portavoz de la APM.

PÉRDIDA DE 9.500 EUROS

Por su parte, el juez decano de Madrid, José Luis Armergol, consideró que la subida prevista por el Ministerio supone una pérdida del poder adquisitivo. "Perdemos tres puntos y medio respecto a la tasa de infracción, que se sitúa en el 4 por ciento", apuntó a Europa Press Armegol.

El juez decano especificó que el bloqueo en la retribución ha supuesto desde 2006 una pérdida de 9.500 euros para cada juez. "Los jueces somos los únicos que estamos al margen de las pagas que cobra el resto de la función pública", señaló.

La congelación salarial se extiende también a la carrera fiscal, aunque por el momento el colectivo no ha sido convocado a movilizarse. Así lo aseguró a Europa Press Guillermo García Panasco, portavoz de la Asociación de Fiscales, quien aseguró que el Ministerio de Justicia se comprometió a equiparar las pagas en la reunión que celebró en septiembre con los representantes de la carrera fiscal.

"Creemos que no existen garantías de que la equiparación se vaya a cumplir porque ese compromiso es del equipo ministerial y no de Bermejo", subrayó el fiscal, quien añadió que entonces no les gustó "las formas" de la propuesta. No obstante, recalcó que el computo total de las pagas prometidas suponen una subida del 2 por ciento y no de un 0,5 por ciento como sostienen los jueces.

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