Se decantan por concentraciones de 10 minutos el mismo día en las puertas de los edificios judiciales más emblemáticos
MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los magistrados civiles y penales de la Audiencia Provincial de Madrid acordaron hoy por unanimidad respaldar las movilizaciones que emprenda la Comisión Interasociativa Permanente (CIP), que engloba las cuatro asociaciones judiciales, descolgándose de la huelga para el próximo 18 de febrero que secundarán los jueces de los órganos unipersonales del partido judicial de Madrid si las negociaciones no llegan a buen término.
De las Secciones Penales sólo 6 magistrados estaban a favor de ir a una huelga, mientras que 37 optaron por las medidas propuestas por las asociaciones judiciales para forzar al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder judicial (CGPJ) a aceptar sus demandas. Así, se desmarcan de la huelga apoyada por jueces de Madrid, Sevilla, Ibiza, Castellón, Extermadura, Zamora y Lugo.
De este modo, optan por concentraciones de 10 minutos a las 12.00 horas del 18 de febrero en las puertas de los edificios más emblemáticos de las capitales de la provincia. Esta protesta sería sin toga y tendría lugar con el momento de realizar la pausa de descanso a media mañana. Se persigue así que no pueda interpretarse como una huelga encubierta.
Además, emplazan a todos los presidentes de órganos colegiados y jueces decanos a celebrar una jornada de puertas abiertas este mismo día en los edificios judiciales que permita conocer de primera mano la situación de la Justicia en España.
REFORMAS PROCESALES
Los magistrados de la Audiencia creen necesario implantar reformas procesales en el ordenamiento jurídico, con el fin de obtener "una Justicia eficaz y de calidad" que se busca con los medios personales y materiales postulados en el documento interasociativo.
Reclaman "una efectiva y urgente" instauración de la nueva oficina judicial, pendiente desde 2003, con delimitación precisa de las funciones y las responsabilidades dentro del ámbito de la Administración de Justicia. Precisan que "en ningún caso la organización de la oficina judicial debe restringir la real y efectiva independencia judicial, conservando los jueces la facultad de señalar los juicios y vistas".
También solicitan la plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías y una formación adecuada de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Piden, además, al Consejo que establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial, que en ningún caso debe ir unido al establecimiento de sistemas productivistas para la retribución de la actividad judicial.
En materia económica, demandan el cumplimiento de las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal para que se proceda a su adecuación quinquenal, especialmente, en lo referente al pago de los servicios de guardia.
