MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez de Instrucción número 1 de Móstoles (Madrid) ha advertido a la representación legal de Orange de que ordenará su busca y captura si no comparece el próximo 13 de noviembre ante él por presunto homicidio imprudente, delitos contra la salud pública y actividad clandestina por la instalación de una antena de telefonía móvil en la azotea de una vivienda de la calle Pintor Zuloaga de la localidad madrileña, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.
La causa que sigue este juzgado investiga también los efectos sobre la salud de la antena situada en la calle la Españoleta. El procedimiento tiene su origen en la denuncia penal presentada por Antonio Gómez, uno de los vecinos afectados, contra lo que denomina el "Triangulo de la muerte" en referencia a las instalaciones de las citadas estaciones de telefonía, en las que se incluía la antena de Julio Romero, que ya ha sido retirada por la compañía Vodafone.
La advertencia del magistrado, según las mismas fuentes, se produce después de que el abogado que representa a esta empresa de telefonía móvil no se presentara el pasado 16 de octubre a la toma de declaración a la que había sido citado. Pese a su ausencia, los representantes legales de Vodafone y Telefónica declararon por tercera ocasión ante el magistrado.
Según las fuentes consultadas, la antena de Pintor Zuloaga número 3 tiene decretado el cese de funcionamiento desde marzo de 2005, medida que fue ratificada este febrero por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
AFECTADOS POR CÁNCER
En el escrito, Gómez denunció que en 500 metros cuadrados se han producido más de 40 muertes y alrededor de 100 personas han sido afectadas por cáncer, sobre todo melanomas, colon y leucemias.
Asimismo, la denuncia va también dirigida contra las comunidades de vecinos "consentidoras" de las instalaciones de las antenas, además de contra el Ayuntamiento por permitirlo. En concreto, se les imputa varios delitos, entre ellos estragos a la salud y a la seguridad colectiva, actividad clandestina, emisión perjudicial al medio ambiente, homicidio y lesiones imprudentes.
Vodafone retiró el pasado abril la antena de telefonía móvil situada en el número 1 de la calle Julio Romero de Móstoles después de que se hubiera agotado el contrato que mantenía con la comunidad de propietarios y de que los vecinos llevaran el caso a los tribunales en varias ocasiones por la aparición de cáncer en doce habitantes del edificio con resultado de muerte en cinco de ellos.
RESPALDO DEL TSJM.
El TSJM ya se pronunció sobre esta cuestión, al desestimar el pasado diciembre el recurso de apelación presentado por Vodafone contra la decisión del Ayuntamiento de Móstoles de diciembre de 2004 de suspender cautelarmente el funcionamiento de la antena.
Sin embargo, la resolución del Alto Tribunal señalaba que el Consistorio actuó correctamente pues "la mera solicitud de la licencia no faculta para el ejercicio de la actividad" y la ausencia de este permiso faculta a la Administración para decretar la clausura para garantizar el "superior principio de respeto a la seguridad de los ciudadanos".
Además, recogía que se trata de una actividad calificada dentro del Reglamento de Actividades, Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, por lo que debía disponer de licencia y no podría comenzar a ejercer la actividad sin que antes se gire la oportuna visita de comprobación por el funcionario técnico competente.
