Dice que "no es casualidad" que se den varios casos de corrupción en Málaga y que instrucción de la causa en Marbella ha cambiado su vida
RONDA (MÁLAGA), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez instructor del caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Miguel Ángel Torres, abogó hoy por "un cambio de perspectiva judicial y policial" en la lucha contra la corrupción, "atacando a las bases económicas" y con la utilización de equipos multidisciplinares que combatan el crimen organizado que, en algunos casos, "va por delante del legislador y de la Policía".
Torres, que ofreció una conferencia dentro del curso titulado 'Seguridad pública en el siglo XXI', desarrollado hasta hoy en Ronda (Málaga), aseguró que existen actualmente nuevas fórmulas delictivas que "complican" la investigación y ante las que "la opinión pública no ha podido reaccionar y por tanto el legislador tampoco". "La gente no tiene muy claro si determinadas actividades son delictivas o no", apuntó.
El magistrado, quien dijo en rueda de prensa que "la palabra mafia en España no existe", entiende que "no se puede pensar que una persona aislada, por ejemplo un concejal, cometa determinados delitos solo", por lo que se mostró convencido de que se requiere de "una estructura o una cierta infraestructura", formada por técnicos, abogados asesores e intermediarios.
Explicó que hay que pensar que este tipo de corrupción "se puede dar en todo tipo de colectivos o personas y en cualquier sitio". Eso sí, apuntó que estos grupos organizados se instalan "donde se den las condiciones favorables para que no se les persiga" y señaló que coincide que es normalmente donde los ayuntamientos "se relajan".
En este sentido, indicó en su intervención que en los últimos tiempos se han dado varios casos de corrupción en la provincia de Málaga lo que, según dijo, "no es casualidad", al tiempo que insistió en que "parece que se ha puesto de moda" la corrupción, que se consideran "un mal congénito de la sociedad, contra el que no se puede luchar".
Por el contrario, defendió nuevas fórmulas. Así, estimó que, por ejemplo, aunque la lucha contra el narcotráfico es "necesaria", supone en cierta forma poner "un parche al problema", por lo que abogo por atacar "las estructuras de blanqueo", es decir, los beneficios que intenten obtener estos grupos. Asimismo, se mostró a favor de investigaciones patrimoniales de los imputados y de implicar más a las entidades bancarias.
Los delitos económicos, contra la ordenación del territorio, el blanqueo de capitales son figuras que para Torres "se buscan y acaban encontrándose", por lo que consideró apropiado luchar contra estos delitos "pensando que son un todo" y crear juzgados especializados y grupos multidisciplinares para la investigación, formados por policías, jueces, fiscales y Agencia Tributaria, a los que se podrían unir arquitectos para los casos específicos de delitos contra la ordenación del territorio.
REFORMAS
Para Torres, "es difícil creer" que una persona conceda una licencia urbanística, "jugándose su carrera, por nada" y estimó que cualquier resolución que ha tenido beneficio "ya es injusta". Asimismo, consideró que no es igual una construcción ilegal diseminada que la corrupción urbanística, aunque están dentro de los mismos supuestos penales. Entendió que los compradores de las viviendas deben "ser oídos".
Asimismo, defendió en la conferencia el agravamiento de las penas para determinados tipos delictivos, como el cohecho, como "efecto disuasorio" y lamentó la falta de adaptación de algunos textos normativos y la tendencia a una aplicación "restrictiva", en el sentido de que "todo lo que no se ve clarísimo se pasa a la jurisdicción administrativa".
Respecto a los problemas en la investigación, apuntó que existen mecanismos "obsoletos" que dan lugar a nulidades de procedimientos. "Parece increíble que no se haya planteado una modificación sobre las intervenciones telefónicas o de la entrada y registro", aseveró. Además, habló de las personas que muestran arrepentimiento y de los testigos protegidos, figura que, según dijo, "no sirve para nada porque la protección es mínima".
CAMBIO EN SU VIDA
El magistrado sí reconoció que "indudablemente" la investigación del caso contra la corrupción en Marbella le ha cambiado no sólo su vida sino también "cambia absolutamente tus actividades rutinarias, tus relaciones personales y de alguna manera te altera lo que ha sido tu vida hasta ese momento". Además, señaló que ahora se siente menos libre.
En rueda de prensa previa a la intervención, rechazó pronunciarse sobre el tiempo que resta de investigación en el caso 'Malaya' y sobre cuándo ocupará su puesto en el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, tras terminar la comisión de servicio que tiene actualmente en el Juzgado de Instrucción número 5 marbellí para terminar determinados casos.
