MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid estudiará el próximo jueves --en una audiencia previa a la celebración de juicio-- si cita a declarar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en relación con una demanda interpuesta contra el PSOE por el uso de publicidad electoral engañosa en la campaña de 2004, informó a Europa Press el abogado demandante, José Luis Mazón.
La intención del demandante es proponer al Juzgado que interrogue al presidente, en su calidad de secretario general de los socialistas, sobre la inclusión en el programa electoral de la promesa de incrementar la exigencia de responsabilidad a los jueces.
El abogado Mazón exige que el PSOE sea condenado por publicidad engañosa al haber incumplido el programa electoral de 2004, "donde prometía incidir de modo especial en la exigencia de responsabilidad de los jueces". El letrado, representado por la abogada Encarnación Martínez Segado, se basa en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en la que "se consagra la irresponsabilidad de los magistrados del Tribunal Constitucional, en contra de lo prometido en 2004 por el PSOE".
El demandante basa su reclamación en la Ley de la Publicidad, que considera también aplicable al mercado electoral de los partidos políticos y pide que se declare judicialmente que la promesa electoral de potenciar la responsabilidad de los jueces y magistrados hecha por el PSOE en su programa 2004 "ha resultado ser engañosa y, por tanto, publicidad ilícita, retirándola del programa y con obligación de publicar la sentencia en dos periódicos de ámbito nacional".
Mazón no pide que se condene al PSOE a cumplir lo prometido, sino a reconocer que ha incurrido en "publicidad engañosa". A juicio del letrado demandante, este partido debe asumir las consecuencias de "toda empresa que engaña con las cualidades de sus productos (la retirada de la publicidad)".
La demanda sostiene que el PSOE es un vendedor de un producto administrativo y debe de estar sujeto a la publicidad y sus normas, porque gasta ingentes cantidades en publicidad y el votante y el ciudadanos merece el mismo respeto de veracidad y lealtad que el destinatario de publicidad de otros servicios".
El abogado sostiene que si la demanda prospera y se consigue que la Ley de la Publicidad se aplique también a grandes usuarios de la publicidad como son los partidos políticos, redundará en "mayor seriedad y veracidad en los programas electorales". Entiende que los partidos pueden recibir condenas judiciales por publicidad ilícita o engañosa si incumplen luego sus promesas.
Considera, además, que el proyecto de reforma de la Ley del TC, aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de agosto de 2005, "consagra la inmunidad o inviolabilidad de los magistrados el TC, salvándoles de todo tipo de responsabilidad, civil o penal, por actos ejecutados en sus cargos". A su juicio, eso les permitiría "cometer delitos de prevaricación sin posibilidad de ser perseguidos, a diferencia de los restantes jueces y magistrados".
