MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez de la 'Operación Kitchen' ha accedido a la petición del que fuera secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, dándole más tiempo, hasta el 14 de marzo, para que presente su escrito de defensa en esta causa, donde está procesado por el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su familia con el objetivo de robarles la información sensible que pudieran tener sobre el partido y sus dirigentes.
En una diligencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado Central de Instrucción Número 6, a cargo de Manuel García Castellón, da a Martínez y a las demás defensas 30 días hábiles, hasta el 14 de marzo, para hacer sus alegaciones y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara al juicio.
El instructor ha ponderado "la complejidad de la causa y la necesidad de salvaguarda del derecho de defensa, con la necesidad de evitar dilaciones indebidas y el retraso acumulado en la elevación de las actuaciones".
Responde así a la solicitud formulada por la defensa de Martínez --ejercida por los abogados Juan Antonio Frago y Verónica Suárez-- que reclamó un plazo de dos meses o, en su defecto, una fecha concreta pero más tardía que la actual.
El origen del problema es el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado 13 de octubre por García Castellón contra Martínez, el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y los también ex responsables policiales Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Gómez Gordo, Enrique García Castaño y el ex chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos.
UN "ERROR"
El juez apuntó a una larga lista de delitos, como descubrimiento y revelación de secretos, malversación, prevaricación y cohecho, incluyendo asimismo los de secuestro y organización criminal.
La defensa de Martínez le advirtió entonces de que esos dos últimos delitos contemplan penas de cárcel superiores a los 9 años, lo que obligaba a cambiar el tipo de procedimiento de abreviado y sumario, pidiendo anular la apertura de juicio oral.
García Castellón rechazó anularlo optando únicamente por rectificar su auto para excluir esos dos delitos, al "apreciar un error manifiesto, puesto que acoge la posibilidad de abrir juicio oral por una calificación incompatible con el cauce procesal por el que se sustancia el procedimiento".
Los abogados de Martínez adujeron entonces que al rectificar y no anular simplemente se reanudaba el plazo original para presentar los escritos de defensa, lo que les dejaba solo 10 días, "cuando la Fiscalía y las acusaciones gozaron de meses" para presentar sus respectivos escritos.
