GRANADA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción 14 de Málaga, citada hoy a declarar como imputada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), negó hoy haber cometido prevaricación, delito que le atribuye una particular, que le interpuso una querella por haber archivado sin investigar una causa iniciada a raíz de la denuncia que ésta presentó por la presunta utilización de documentos falsos sobre una finca de su propiedad.
Así lo señaló a los periodistas el abogado de la querellante, Borja Gómez, que mantiene que, cuando le fue expropiada su finca, otro particular afirmó que era de su propiedad aportando certificados catastrales falsos, que no fueron posteriormente investigados por la magistrada, tomando como "dogma de fe" la declaración de los denunciados.
La intención de la juez, que archivó el caso, es, según el letrado, derivar el asunto por la vía civil "utilizando esa serie de documentos falsos que no se investigaron en los juzgados y con los que mi patrocinada tiene evidentemente todas las de perder".
Así, la querellante espera que se practiquen más diligencias al respecto mientras que, por contra, el abogado de la juez imputada --a la que la particular le atribuye también un delito de amenazas--, Pablo Luna, confió en que no se produzcan más citaciones.
En declaraciones a los periodistas, el letrado dijo que la magistrada ha dado respuesta a las supuestas irregularidades que se le imputan e incidió en que, en este caso, "se está utilizando el derecho penal para resolver un problema que tiene el Contencioso en Málaga".
De igual modo, apuntó que, si la particular estima que no se han investigado determinados extremos o que la juez se ha equivocado, cuenta con la posibilidad de recurrir ante la Audiencia Provincial de Málaga la decisión de la magistrada y que, en ningún caso, "el que un juez se pueda precipitar" significa que se haya cometido prevaricación.
ERRORES DOCUMENTALES
En un auto sobre estas diligencias, se estimaba "necesario oír a la querellada", pero no se concretaban los hechos de la querella, aludiéndose simplemente a "la posible existencia de un consciente y deliberado aprovechamiento de errores documentales, acaso falsedades, habidos en la sucesión de actos negociales y tracto registral relativos" a determinadas fincas.
En dicha resolución sí se precisaba que el auto de archivo de las actuaciones "puede considerarse objetivamente como precipitado y fundamentado en razones que no dan cumplida respuesta a las alegaciones efectuadas por la denunciante" y recuerda que la Audiencia así lo entendió al acordar la continuación de la causa. No obstante, dice que "no toda censura de una resolución lleva implícito el reproche penal de prevaricación".
En la querella de la afectada, a la que tuvo acceso Europa Press, se habla de una "clara animadversión" hacia la persona que la presenta en la tramitación de un procedimiento iniciado tras denunciar esta mujer en 2005 la utilización de una serie de documentos presuntamente falsos por tres personas que "quieren apropiarse indebidamente de la finca propiedad de mi patrocinada mediante una presunta estafa".
En ese escrito, se especificaban los documentos denunciados ante el Juzgado, especialmente "un cajetín falso" del registro de la propiedad de Málaga incluidos en una escritura, con datos que "se corresponden con los datos de inscripción registral de la finca de mi patrocinada", se apunta. Además, se enumeraron los documentos que se han ido aportando al juzgado instructor.
