El juez Pedraz interrogará al alcalde de Arrigorriaga (PNV)

EP
Actualizado: martes, 27 mayo 2008 14:45

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomará declaración al alcalde de la localidad vizcaina de Arrigorriaga, el peneuvista Alberto Ruiz de Azúa, en relación con la querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas por la existencia en el municipio de una plaza que lleva el nombre del miembro de ETA José Miguel Beñaran, alias 'Argala'.

El magistrado ha tomado esta decisión después de que la Sala de lo Penal le obligara el 14 de mayo a admitir a trámite la demanda que él archivó al considerar que poner nombre a una avenida, calle, plaza, etc "es una decisión puramente administrativa que compete al Ayuntamiento respectivo". "Pues bien, si un ciudadano no está de acuerdo con tal decisión lo que debe hacer es dirigirse al mismo a tal efecto solicitando lo que estime oportuno", añadía el juez.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez especifica que la toma de declaración se producirá "por exhorto", es decir, a través de un Juzgado del País Vasco lo que evitará que el primer edil tendrá que desplazarse a la Audiencia Nacional. Además, Pedraz pide en su escrito a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza que "corrobore la militancia en ETA" de 'Argala' y comprueben si existen más calles o monumentos dedicados a etarras en la localidad "bien sea vivos o muertos".

Solicita también al Ayuntamiento de Arrigorriaga que acredite si a día de hoy la plaza en la que ubica el consistorio continúa llamándose Plaza Argala o que informe si se ha retirado la placa con el nombre. Además deberán remitir el acta del pleno en el que se aprobó la denominación de la plaza.

La consideración como delito de enaltecimiento del terrorismo del hecho de mantener calles dedicadas a etarras en un municipio ha provocado resoluciones opuestas en dos secciones diferentes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que han ordenado, respectivamente, archivar y dar trámite a dos querellas similares presentadas por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) contra los alcaldes de Amorebieta y Arrigorriaga (Vizcaya).

En un auto hecho público ayer, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechazó investigar al alcalde de Amorebieta (Vizcaya), David Latxaga (PNV), al entender que no retirar una calle a los etarras 'Txiki y Otaegi' y una plaza con el nombre de 'Gudari Kalea' ('calle del Soldado') no constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La decisión de la Audiencia Nacional, adoptada por los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal (Teresa Palacios, Carmen González y Juan Francisco Martel), se produce apenas dos semanas después de que los de la Tercera (Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Ángeles Barreiro) ordenaran a Pedraz la admisión a trámite de la citada querella contra el alcalde de Arrigorriaga (Vizcaya).

MARLASKA INVESTIGA A OTROS DOS ALCALDES

La querella contra el alcalde de Amorebieta es una de las nueve que en enero pasado presentó DyJ y que se repartieron por los seis juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional.

En este contexto, el juez Fernando Grande-Marlaska ha citado a declarar para el próximo 2 de junio a la alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa), Marian Beitialarrangoitia (ANV), por la existencia de un parque dedicado al etarra José Manuel Aristimuño, 'Pana'. También se declaró competente en abril para investigar la querella contra la alcaldesa de Zizurkil (Guipúzcoa), María Ángeles Lazcano (PNV), por la existencia de dos plazas dedicadas a José Luis Geresta Mújika, 'Totto', y Joseba Arregui.

Además de estas cuatro querellas, DyJ presentó querellas similares en los municipios de Durango, Lejona y Etxebarri (Vizcaya), Tolosa (Guipúzcoa) y Etxarri-Aranaz (Navarra). El juez Ismael Moreno también investiga por orden de la Sala de lo Penal al ex alcalde de Santa Coloma de Cervelló por dedicar una calle a un miembro del Ejército Popular Catalán (EPOCA) condenado por el Supremo por la inducción de un atentado terrorista.